Siguen sin entender - El Portal San Luis Potosí








Siguen sin entender
(6:34 hrs)  5 / Octubre / 17
José Luis Solís Barragán



 

 

Desde hace años mucho se escribe y habla de una crisis del sistema político mexicano; parece que algo no embona en la relación de la sociedad-gobierno, y evidentemente se maximiza si hablamos de una relación entre sociedad y la clase gobernante.

Tiene años que ya se habla de un agotamiento del sistema político ideado por la revolución; sin embargo hemos preferido poner parches en las fallas, sin entrar a una discusión de fondo que permita hacer un cambio trascendental, es decir entrar de lleno a una reforma de Estado.

Casi todos los sexenios contemplan en su agenda Legislativa una reforma política que ponga un “remedio” al mal que aqueja a México previo al arribo del tlatoani en turno; basta con hacer una pequeña remembranza, para ver que el “remedio” no pone fin a los males:

1968 es sin duda un momento de inflexión importante que pone en manifiesto la necesidad de aperturar canales de comunicación y participación social; sin embargo, el sistema de partido no pretendió institucionalizar el dialogo, sino que reprimió cualquier manifestación.

Por ello en 1972 el Presidente Luis Echeverría impulsa una reforma política que permitiera: disminuir la edad para ser diputado y para votar; disminución de porcentaje de registro de partidos políticos, aunque endureció los requisitos; así como permitió la entrega de prerrogativas en radio y televisión a la oposición, en tiempos electorales.

La campaña presidencial de José López Portillo de 1976, fue caracterizada por la inexistencia de candidato opositor; es decir la competencia política se encontraba aniquilada no solo en la realidad sino en la forma misma.

Por ello en 1977 Jesús Reyes Heroles impulsa una reforma política que permitiera legitimar un Presidente que llegaba por la fuerza del Gobierno y no por el apoyo ciudadano; la reforma dentro de sus cambios trascendentales contempló: prerrogativas permanentes a los partidos políticos; reconocer a los partidos políticos como entidades de interés público; registro condicionado a los partidos que se encontraban operando sin él; y ampliación de la representación de los Legisladores de partidos.

El cambio de administración de 1982, se vio enmarcada más allá de una crisis política, por la crisis económica que heredó el Gobierno de José López Portillo, por lo que el sexenio de Miguel de la Madrid se caracterizó por cambios en la vida económica y administrativa del país, más que en cambios en el régimen político; por ello tenemos que se redujo de 1155 paraestatales en 1982 a 413 en 1988.

La gran aportación en materia política de la reforma de Miguel de la Madrid es la creación un Tribunal Contencioso Electoral que, si bien se encontraba muy limitado por parte del Ejecutivo, permitía dirimir controversias, más allá de la calificación que hacía el Poder Legislativo de las elecciones.

Así mismo es de recordar que los grandes escándalos de corrupción del Gobierno López Portillista, obligaron al entonces candidato del PRI a tener como lema de campaña “Renovación Moral de la Sociedad”; por lo que en materia administrativa se pretendió frenar la corrupción política teniendo como eje rector hacer de la Contraloría de la Federación una Secretaría de Estado.

En 1988 las elecciones presidenciales fueron altamente cuestionadas por el “Se cayó el sistema”, dejando en las páginas de historia la sensación de un fraude electoral a cargo del Secretario de Gobernación, abriendo la puerta de Palacio Nacional a Carlos Salinas de Gortari.

La llegada del Presidente Carlos Salinas de Gortari fue señalada por severidad no solo en la Cámara de Diputados que debía calificar la elección, sino que la sociedad reclamaba la transparencia del proceso electoral.

Por esta falta de legitimidad de las instituciones calificadoras de la elección presidencial, es que el entonces Presidente de la República impulsa reformas que dan vida al Instituto Federal Electoral, mismo que se conservó como parte de la Secretaría de Gobernación; se le otorgó autonomía al Tribunal Electoral; se crean los Senadores de primera minoría; y por primera vez se establece la figura de observadores electorales.

Para 1994 llega a ocupar los Pinos Ernesto Zedillo Ponce de León, mismo que pretendió estabilizar al país de la crisis económica del error de diciembre y establece la modalidad de “sana distancia” con el PRI.

En esta “sana distancia” no solo se empieza a terminar el dialogo permanente con el partido, sino que además opta por retirar a la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional Electoral y lo deja a cargo de los Consejeros Ciudadanos; así mismo elimina la autonomía del Tribunal Electoral y lo deposita en el Poder Judicial Federal, misma que tendría a su cargo la calificación de la elección presidencial.

El Gobierno de la alternancia de Vicente Fox Quesada dada su legitimidad alcanzada por ser el primer Presidente de oposición, no se encuentra obligado a impulsar reforma política de trascendencia.

Sin embargo para el 2006 las elecciones se complican y la figura de Andrés Manuel López Obrador acusa de un fraude electoral, además del excesivo gasto en campaña para hacer propaganda sucia contra su candidatura.

Por ello Felipe Calderón Hinojosa impulsa una serie de reformas constitucionales que permitieran entre otras cosas: candidaturas ciudadanas; consultas populares; suplencia del Presidente en caso de ausencia; iniciativa preferente del Ejecutivo;  la posibilidad de conteo voto por voto; y la prohibición de contratar tiempo en radio y televisión para propaganda.

Po último los señalamientos de gasto excesivo de la campaña de Enrique Peña Nieto lo obligan a impulsar una reforma política que posibilitara la anulación de elecciones por esa causal; así como la apertura de la posibilidad de reelección consecutiva de alcaldes y legisladores; así como

autonomía constitucional a entes ligados al Ejecutivo para la desconcentración de poder; y la constitución de un órgano nacional electoral que pusiera fin al control excesivo por parte de los Gobernadores; entre otros cambios.

Como se aprecia en esta historia de reformas políticas de nuestro país, la clase política únicamente receta paracetamoles para atender los grandes males del sistema político mexicano, lo que termina por dejar que el problema con el paso de los años se vuelva más grave.

La ausencia de legitimidad de la clase política no es un tema novedoso, pero es un tema que se vuelve cada día más alarmante, cada vez es más notorio el rechazo a la clase política mexicana y sin duda existe una brecha entre la legitimidad necesaria en la toma de decisiones y la representación popular existente.

La situación de los sismos y la solicitud de donación de un porcentaje de las prerrogativas de los partidos políticos para destinar mayores recursos a la reconstrucción del país, deja en claro que la sociedad considera un gasto innecesario el excesivo derroche de dinero público en campañas políticas.

Después de ello parecía que los Partidos Políticos no entendían el sentir social y empezaron a subastar cual mercado quien renunciaba a mayor cantidad de dinero, sin establecer rutas jurídicas que posibilitara el adecuado uso de los recursos en beneficio de la sociedad.

La solución no es eliminar el financiamiento público para los Partidos Políticos, la solución está en realizar cambios de fondo que permitan entre otras cosas:

• Cambio en el modelo de comunicación política que permita hacer llegar a los ciudadanos campañas de propuestas y no descalificativos; • Programas de acción partidista que permitan el acceso a los cargos a los ciudadanos preparados para asumir las responsabilidad públicas; • Reestructuración de modelos de combate a la corrupción hacía el interior de los partidos y hacia las instituciones gubernamentales; • Cambio del modelo de comunicación gubernamental que permita disminuir costos en publicidad; • Apertura de canales de participación ciudadana que permita una mejor representación popular; • Reestructuración del financiamiento de Partidos Políticos, que permita disminuir los costos de la democracia mexicana, sin dejar de considerar que una democracia por sí misma es cara; • Transparencia y rendición de cuentas en todas las acciones emprendidas por los órganos del Estado, esto no solo implica en el tema presupuestal;

Estos son algunos cambios que la sociedad solicita en el día a día a los partidos, no son cambios sencillos, sin embargo el país no puede seguir funcionando con parches que pretendan alargar la vida de un sistema político que día a día parece que se sepulta en su propia descomposición.

La solución no sólo es un tema de recursos públicos, es un cambio de fondo que permita mayor representación que legitime las decisiones gubernamentales; los problemas públicos hace mucho debieron dejar de ser vistos como problemas del Gobierno, para dar paso a la construcción de soluciones consensadas por la sociedad y gobierno.

Es claro que la mayoría de clase política sigue sin entender las demandas sociales, pero si no empiezan por atender los problemas, esto será una bomba de tiempo que estallará con el desbordamiento de la sociedad frente a sus instituciones.

 

P.D. En este espacio hemos criticado en algunas ocasiones al Gobierno del Estado por malas decisiones, sin embargo también se convierte en un espacio de reconocimiento a la labor de buenos funcionarios; por ello me permito hacer un reconocimiento a la labor hecha por el DIF Estatal en la zona altiplano, donde ya lograron dar cobertura total en desayunos escolares. ¡En hora buena por su trabajo!

P.D. Concluyó el término para el registro de aspirantes a ocupar la  titularidad de la Auditoría Superior del Estado, es momento que el Legislativo demuestre un compromiso en el combate a la corrupción; de lo contrario es montará un espectáculo para encumbrar a otro persona que sirva de tapadera de los malos manejos públicos.

 




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