Chihuahua impugna suspensión de indagatorias contra Peña

La Consejería Jurídica del estado presentó un recurso de reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la resolución otorgada al Presidente.

El gobierno de Chihuahua impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión del ministro Eduardo Medina Mora, quien otorgó una suspensión al presidente Enrique Peña Nieto para que no proceda ni una investigación o acción legal en su contra o contra su gabinete.

La Consejería Jurídica del estado interpuso un recurso de reclamación con el que busca dejar sin efecto la suspensión otorgada al Presidente, a quien el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha acusado de participar en los desvíos de recursos durante la administración de César Duarte y del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Hasta el momento, la Corte solicitó a los Poderes del Estado de Chihuahua, así como la Fiscalía General de la entidad que dentro de cinco días designen un domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, “apercibidos que, si no cumplen con lo anterior, las subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto atiendan con lo indicado”.

El recurso de reclamación será turnado a un ministro de la Corte, quien analizará la decisión de su homólogo Medina Mora.

La suspensión concedida el pasado 29 de octubre frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal contra Peña Nieto.

La controversia constitucional que promovió el presidente Peña para protegerse es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia de la nación.

En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.

El ministro Medina Mora señaló que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial federal y se debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

MILENIO

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