Ha sido una de las grandes manifestaciones en la historia de Hong Kong. Al menos 1’03 millones de personas -uno de cada siete residentes- según los organizadores, 240.000 según la Policía, se han concentrado este domingo en el centro de la antigua colonia británica para protestar contra una serie de enmiendas a la ley de extradición que, si salen adelante, permitirán por primera vez enviar fugitivos a la China continental. Una medida que se percibe como un ataque frontal al sistema de libertades del territorio autónomo.
La manifestación comenzó, según lo previsto, a las 15.00 hora local (09.00 hora española). Siete horas más tarde, aún continuaba. Las calles de Hong Kong se habían convertido en un puro río de gente vestida en su mayoría de color blanco, elegido como símbolo de la luz y la justicia. La Policía tenía que abrir accesos inicialmente cerrados para dejar pasar a la multitud. Las principales avenidas quedaban tomadas por las masas. Las aglomeraciones recordaban, y superaban, a las protestas de hace cinco años, cuando medio millón de personas se sentaron en la calle en el centro de la ciudad para exigir más democracia en lo que se llamó “Movimiento de los Paraguas”. El sentimiento, desde hacía semanas, era de “ahora o nunca”. De que si este pulso se pierde, ya no será posible echar otro.
Bajo un calor de justicia -las temperaturas rondaban los 32 grados centígrados, con una humedad del 80%-, muchos de los manifestantes portaban pancartas rojas con letreros negros en los que se leía el lema de la protesta. Fan song zhong en mandarín, Faan sung jung en cantonés, No to extradition to China en inglés: No a la extradición a China. Las enmiendas, que en principio se votarán en el Legislativo autónomo este miércoles y podrían convertirse en ley a finales de mes, ha tocado como pocas cosas la fibra sensible de la ciudadanía. Ha alimentado el temor, palpable ya desde hace años, a que la inexorable conversión de Hong Kong en una ciudad china más se lleve por delante y en breve la preciada independencia judicial y el resto de las garantías y libertades que Pekín prometió mantener durante 50 años tras la devolución británica de la colonia en 1997.
La concentración se desarrolló, en su mayor parte, sin incidentes de violencia. Siete personas quedaron detenidas y la Policía utilizó gas pimienta contra algunos de los concentrados, tras roces entre agentes y manifestantes.
Por la noche, centenares de personas, en su mayoría simpatizantes del partido pro democracia Demosisto fundado por el joven activista Joshua Wong, permanecían aún en el área en torno a la sede del parlamento hongkonés. Este partido ha llamado a una sentada para bloquear el acceso al Legislativo “hasta que la jefa del Ejecutivo (Carrie Lam) y el secretario de Seguridad respondan a los llamamientos al diálogo sobre el proyecto de ley con estos jóvenes”.
La Policía ha dado de plazo hasta la medianoche para que los participantes abandonen el área frente a los edificios de gobierno locales, donde acababa la concentración, aunque algunas organizaciones estudiantiles en favor de la independencia de Hong Kong -Studentlocalism y Unión de Estudiantes por la Independencia- han anunciado que permanecerán allí hasta la votación del proyecto de ley.
“Espero que Hong Kong todavía pueda defender lo que le importa”, dice el empresario Ben Liang, que ha acudido a la protesta con sus hijas
Si las sentadas de hace cinco años dividieron visiblemente a la ciudad – a grosso modo, jóvenes pro democracia frente a mayores pro China-, en esta ocasión las enmiendas han sacudido a todos por igual. Estudiantes, legisladores prodemocracia, abogados, periodistas o empresarios critican acaloradamente en sus conversaciones públicas y privadas la denostada propuesta.
“Soy un hombre de negocios y nunca me había interesado la política antes, pero en los últimos años Hong Kong se está deteriorando”, afirmaba al periódico local South China Morning Post el empresario Ben Liang, que emigró de la China continental a Hong Kong hace veinte años y participaba en la concentración con sus dos hijas, de 23 y 5 años. “Conozco el sistema chino bien, porque he sido parte de él. Espero que Hong Kong todavía pueda defender lo que le importa”.
Da igual, a los ojos de quienes protestan, que las enmiendas ya se hayan suavizado dos veces, para precisar que solo se entregará a los acusados por delitos que acarreen penas superiores a los siete años. Está en juego algo de principio. Algo que afecta al alma misma de la ciudad, que ha acogido durante décadas a numerosos disidentes chinos. Y no ayuda la profunda desconfianza sobre el sistema judicial al otro lado de la frontera. Una desconfianza que se ha visto reforzada esta semana con la conmemoración del 30 aniversario de la sangrienta disolución de las manifestaciones de Tiananmen.
“Es una propuesta, o una serie de propuestas, que asestan un golpe tremendo… al Estado de Derecho, a la estabilidad y seguridad de Hong Kong, a la posición de Hong Kong como un gran centro financiero internacional”, declaraba el jueves el último gobernador británico del territorio, Chris Patten.
Los defensores de la medida alegan que antes de que la jefa del ejecutivo autónomo, Carrie Lam, apruebe cualquier orden de extradición, tendrá que celebrarse un juicio y un tribunal independiente tendrá que dar su visto bueno. No se entregará a ningún sospechoso que vaya a afrontar persecución religiosa, tortura o la pena de muerte.
Sus detractores subrayan, por contra, la falta de transparencia e independencia del sistema judicial chino. Las leyes chinas permiten que un detenido pueda permanecer en paradero desconocido, aislado y sin acceso a un abogado durante seis meses. Las organizaciones pro derechos humanos denuncian también detenciones arbitrarias y confesiones forzosas.
“Si se pone en práctica, esta ley ampliará la capacidad de las autoridades de la China continental para atacar a críticos, activistas de derechos humanos, periodistas, trabajadores de ONG y cualquiera en Hong Kong, de modo muy similar a lo que hacen” en su territorio, ha declarado el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam. “Instamos al gobierno de Hong Kong a retirar estas peligrosas enmiendas a la ley de extradición. Permitirán que los defensores sean entregados a un sistema judicial en la China continental que no ofrece ninguna protección contra los cargos políticamente motivados, que está plagado de tortura y otras formas de maltrato, confesiones forzosas, juicios injustos y que adolece de remedios significativos”.
El País.
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