Congreso aprueba reforma enviada por el Senado para eliminar partidas secretas del presupuesto de egresos de la Federación

SE MODIFICA LA LEY DE INGRESOS 2021 DEL MUNICIPIO DE SLP, PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS PARA RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PELIGROSOS

En Sesión Ordinaria, las diputadas y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad de 21 votos a favor, la reforma el artículo 74 en su fracción IV el párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Senado de la República, en materia de eliminación de partidas secretas.

De esta manera, se establece no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se indica en el dictamen respectivo, que las dictaminadoras coinciden con la Minuta Proyecto de Decreto que se analiza, en virtud de que en aras de la transparencia del ejercicio del recurso público de la Federación, no se consideren, y en consecuencia se supriman de éste, las partidas secretas. Ello es así, luego de que entre los cuatro pilares del parlamento abierto se enuncia la rendición de cuentas, que abarca entre otras, las medidas institucionales para la apertura presupuestaria.

Otros dictámenes

Se aprobó por unanimidad de 21 votos a favor, la reforma al artículo 2308, del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, para establecer que “todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable con treinta días de anticipación si el predio es urbano, y con un año si es rústico”.

Se aprobó por mayoría de 11 votos a favor, 6 abstenciones y 8 votos en contra, la reforma al artículo 15 en su fracción VIII los incisos, a), b) y c), de la ley de ingresos ejercicio fiscal 2021 del municipio de San Luis Potosí, para actualizar las tarifas para Recolección y Traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:

a).- Recolección y Traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de San Luis Potosí, en y desde la fuente de generación hasta la estación de transferencia y/o al sitio de disposición final. $ 617.01 (Seiscientos diecisiete pesos 01/100) por tonelada.

b).- Recolección y Traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de San Luis Potosí, en y desde la estación de transferencia, al sitio de disposición final. $ 167.57 (Ciento sesenta y siete pesos 57/100) por tonelada.

c).- Por Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de San Luis Potosí en el sitio de disposición final. $ 133.31 (Ciento treinta y tres pesos 31/100) por tonelada.

Se indica que de acuerdo al contrato respectivo, se establecieron las contraprestaciones por la ejecución de los servicios objeto del contrato, y en la vigésima séptima, se contempló el procedimiento para someter a la aprobación del Congreso del Estado la actualización anual de las contraprestaciones de acuerdo a las fórmulas de actualización de tarifa establecidas y su debida justificación y motivación.

Se aprobó por unanimidad de 25 votos a favor, la reforma a los artículos, 3°, 7° en su párrafo primero, y 12, de Ley que Establece el Depósito Legal para la Preservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Estado de San Luis Potosí, para establecer que la encargada de la integración, conservación y depósito legal de las obras, entre otras disposiciones, son competencia directa del Centro de Documentación Histórica «Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga”, y no a la “Biblioteca Pública Universitaria”, como se encontraba en la legislación.

Por lo anterior resulta necesario la modificación al marco normativo de referencia, a fin de armonizar, actualizar y dar certeza legal en aras de su correcta interpretación y aplicación.

Por unanimidad de 25 votos a favor, se aprobó la reforma al artículo 105 en su fracción IV; y deroga del mismo artículo 105, los párrafos, penúltimo, y último, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, debido a que se establecía como uno de los requisitos para ser integrante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la Entidad, el haber cursado la educación superior, con una carrera afín a esta función, pero los párrafos segundo y tercero del mismo precepto establecen que tanto para ser Presidente del mismo como para los demás integrantes se necesita ser licenciado en derecho o abogado, con la variante que para el Presidente se exige una experiencia de cinco años en ejercicio de estas profesiones.

De manera que con el propósito de evitar oscuridad y confusión en estas porciones normativas aludidas, se decide establecer en la fracción IV de este precepto de manera directa y precisa esta condicionante de ser licenciado en derecho o abogado, con el agregado para el Presidente de este órgano jurisdiccional laboral burocrático local de tener una experiencia de cinco años en el ejercicio de cualquiera de las profesiones enunciadas.

Finalmente, se aprobó por unanimidad de 24 votos a favor, dictamen por el que se llama a comparecer ante el Congreso del Estado, en fecha y hora que la Directiva determine, a las personas que resulten ser las titulares de: Dirección de Seguridad Pública Municipal, y Dirección de Desarrollo Social, ambos del ayuntamiento de San Luis Potosí; así como de la Dirección General del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, de los municipios de, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), para que expliquen públicamente el incumplimiento de la Recomendación 16/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.

A las comisiones legislativas, se turnó la correspondencia enviada por el propio Poder Legislativo; otros Poderes del Estado; entes paraestatal y autónomos; ayuntamientos y organismos paramunicipales; Poderes de otras entidades del país, y particulares. Además, de las iniciativas enviadas por las diputadas y diputados de la LXII Legislatura; y presidentes municipales.

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