La explotación sexual, una modalidad de trata de personas, tiene sus puntos rojos en la CDMX, Edomex, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León y Baja California
La trata de personas se ha convertido en un negocio rentable para el crimen organizado, pues le deja ganancias de hasta 3 mil millones de dólares, según el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH).
A fin de entender más acerca del fenómeno, La Verdad Noticias consultó una serie de informes, documentos, cifras, especialistas y organizaciones civiles para dar a nuestros lectores un panorama sobre dónde está parado México en lo que concierne a este delito, especialmente con fines de explotación sexual.
Según el último informe global sobre trata de personas elaborado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), 71 por ciento de casi 100 mil víctimas en México, Canadá, Estados Unidos y Centroamérica fueron esclavizadas con propósitos sexuales, lo que posiciona a esta modalidad como la más común.
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El documento de la ONU agrega que los perfiles más buscados por los traficantes son mujeres (69 por ciento) y niñas (27 por ciento); y en un porcentaje más bajo, hombres y niños (4 por ciento).
En México, la entidad con más carpetas de investigación por el delito de trata de personas es la Ciudad de México, con mil 484 expedientes entre enero de 2015 y mayo de 2022.
Otros focos rojos son el Estado de México, con 739 casos; Chiapas, con 376; Coahuila, con 363, y Chihuahua, con 301. También Nuevo León (286) y Baja California (280). Estas siete entidades concentran 70 por ciento de las carpetas de investigación por el delito de trata.
Para Martha Torres Falcón, especialista en violencia de género del Centro de Investigación sobre Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, las cifras oficiales tienen un subregistro debido a la cifra negra del delito. Por ende, muchas víctimas permanecen invisibilizadas.
Entre las principales razones por las que las personas no denuncian están el miedo a un proceso legal —sobre todo si son extranjeras con una condición migratoria irregular—, el desconocimiento sobre la situación que viven (pues incluso hay quien no considera que sufre un delito), la falta de información sobre los procesos judiciales, los sentimientos de culpa y la creación de vínculos con los victimarios.
Según una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicada este año, la trata de personas constituye una de las principales actividades de los grupos criminales en el país. En menor medida, los delincuentes individuales entran al negocio.
En el diagnóstico coincide otro reporte de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que revela que la mayoría de las personas procesadas y condenadas por trata son hombres que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada o individuos que operan de forma oportunista, por su cuenta o en pequeños grupos.
Podemos convivir con una víctima de trata sin darnos cuenta
Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), explica que en el día a día podemos estar conviviendo con víctimas de trata sin que nos demos cuenta.
El especialista sostiene que existen varios factores que hacen vulnerables a las personas a este delito como la precariedad económica, la condición migratoria irregular, la violencia familiar para el caso de niños, niñas y adolescentes, y la dependencia afectiva que, en muchas ocasiones, establece el tratante con la víctima como mecanismo para someterla.
“Cuando hablamos de la trata de personas siempre estamos hablando de alguien que su vida se encuentra en peligro porque está en un esquema de explotación”, dice el especialista.
Edith Méndez Ahuactzin, del colectivo Mujer y Utopía, quien acompaña casos de trata de personas y explotación sexual en Tlaxcala, expone que las desigualdades y la precariedad que abundan en la región centro-sur hacen optimas las redes de trata.
“El Estado no ha entendido cómo la situación de pobreza ha favorecido al crecimiento de la red de trata en está región. Todo mundo piensa que la cuna de la trata es aquí en Tlaxcala o que aquí nació el problema, pero no es así. Las regiones que presentan las mismas condiciones de desigualdad son blanco para este delito”.
Deficiencia en acercar la justicia a las víctimas
Martha Torres apunta que la trata de personas es algo complejo de identificar, ya que en muchas ocasiones las víctimas no reconocen su explotación como un delito.
Un ejemplo son las mujeres explotadas por sus cónyuges bajo el argumento de “ayudar con los gastos”, ocultando la condición de explotación y haciendo más difícil para las víctimas acceder a una reparación integral del daño o un castigo para el victimario.
“Los padrotes suelen ser muy hábiles en el manejo de las emociones pero también de las palabras, y a veces ellas mismas se ofrecen, ‘¿y si yo te podría ayudar en algo?’, entonces ellas jamás van a denunciar”, recalca.
Para este tipo de casos, la especialista opina que hace falta mucho trabajo por parte de las autoridades para saber identificar a las víctimas y proporcionarles la ayuda correspondiente con perspectiva de género.
Otro aspecto que preocupa a Torres es la complicidad de funcionarios en los delitos de trata de personas, un hecho que sigue dificultando las acciones policiales para el rescate y la reinserción de las víctimas
Edith Méndez considera que el obstáculo más grande en el tema de trata de personas es la normalización de la violencia hacia las víctimas.
“No se trata con profundidad los casos. En las fiscalías, cuando una mujer desaparece, siguen persistiendo los comentarios como ‘se fue con el novio’, siendo que organizaciones nacionales e internacionales han coincidido que alrededor de 80 por ciento de los casos de desaparición se han asociado con otros delitos como la explotación del cuerpo”, dice Méndez.
El 27 de noviembre de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El objetivo de ésta fue atender y proteger a las víctimas, así como brindarles asistencia.
Independientemente de la persecución del delito y castigo a los responsables, su mayor relevancia es el énfasis en la salvaguarda de los derechos de las víctimas, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Algunos de los desafíos para que las víctimas tengan justicia, según la especialista, son el desigual acceso de las víctimas a los albergues, una reinserción adecuada al mundo laboral y la falta de protección adecuada después de la denuncia.
