En una calle de Frontera Comalapa, en Chiapas, en el límite de México con Guatemala, está la casa de parto, donde Ana y Rosa, dos hermanas hondureñas, esperan para ver a su amiga Daniela, que acaba de parir a su bebé.
“Ya nos queremos ir”, dice Rosa, agobiada. Ana está de acuerdo. Llegaron hace cerca de cuatro horas y ya les pesa el calor y la humedad.
El tiempo que pueden pasar fuera de su vivienda es limitado. Miran hacia la entrada constantemente, en estado de alerta. Ese día de noviembre de 2021 se encuentran ahí para acompañar a Daniela, pero ahora se les agotan los minutos porque sus vidas están bajo el control de alguien más, un hombre al que describen como poderoso y violento.
Ana, de 21 años, le llama “mi mexicano”. Rosa, cuatro años mayor, se tensa y respira hondo al escucharla. Ninguna de las dos menciona su nombre. Es integrante de un grupo criminal y tiene, además, una relación con Ana. Es el padre de su hija.
A esta casa de parto acuden tanto mujeres de la región como de la vecina Guatemala y, desde hace más de quince años, víctimas de trata de origen hondureño. Es una sencilla construcción de block y cemento con un cuarto de espera y otro para parir. El retrete y el lavabo están afuera, en un fresco jardín más amplio que la vivienda.
Las tres jóvenes trabajan forzadas en bares y cantinas de Frontera Comalapa –nombre del municipio y de su población principal–, donde la delincuencia organizada ha construido un lucrativo negocio de trata de mujeres hondureñas con fines de explotación sexual.
Por trata de personas se entiende “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, de acuerdo con el Protocolo de Palermo, adoptado por la ONU en 2000. Puede incluir la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.
Frontera Comalapa saltó a los titulares el pasado 23 de septiembre, cuando hombres armados identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa desfilaron con vehículos artillados entre una muchedumbre que celebró su victoria sobre el grupo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambas organizaciones luchan por el control del tráfico de drogas, armas y migrantes en la frontera.
El Cártel de Sinaloa tiene una presencia en la zona que se remonta a finales de los años ochenta. Pero fue en 2018, año electoral, cuando la violencia entre los grupos delictivos se intensificó, según un reportaje de Avispa Midia. La llegada del partido Morena coincidió con la incursión del CJNG.
Para realizar este reportaje, en el que la mayoría de los nombres son ficticios por razones de seguridad, se entrevistó a víctimas de trata en Frontera Comalapa, a testigos del delito, a miembros de organizaciones que documentan estos hechos, y a parteras del lugar, un total de dieciséis fuentes; se hicieron además recorridos por la ruta migratoria desde 2017 hasta 2022, y por el municipio chiapaneco entre 2019 y 2022.
‘Con nosotros o contra nosotros’
Durante años, Josefina auxilió a mujeres víctimas de trata en Frontera Comalapa. Hasta que en 2018 empezaron a llegar mujeres hondureñas “a salto de mata”, tras verse obligadas a salir huyendo de las “cuarterías” –vecindades, hoteles pequeños o construcciones hechas al vapor, con numerosas habitaciones pequeñas para alquilar– en las que vivían, porque el orden criminal había cambiado. Comenzaba la pelea entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
En 2022 decidió irse del lugar; sabía que era inminente el recrudecimiento de la violencia entre los cárteles que se disputaban el control del territorio.
Esta lucha causó en mayo de 2023 el desplazamiento de más de 3,000 personas, que abandonaron sus comunidades para escapar de la violencia. La población de Frontera Comalapa tenía dos opciones, según los testimonios publicados: huir o acatar las órdenes del CJNG a través del Maíz, acrónimo del grupo Mano Izquierda, considerado la base social del cártel.
Dos años antes, en agosto de 2021, las vías principales de acceso a Frontera Comalapa –la entrada desde San Gregorio Chamic y la salida hacia Motozintla– habían sido cerradas por integrantes del cártel de Jalisco. “Los grupos del narco que tenían el dominio agarraron a todas las organizaciones, tanto civiles como campesinas, comerciantes y demás. Se afianzaron y dijeron: ‘A ver, banda, ustedes están con nosotros o contra nosotros’”, me explicó entonces un habitante del lugar.
Un gran número de organizaciones se disolvieron para integrarse al Maíz. Las combis del transporte público y los comercios tienen su logotipo. Si ocurre algún incidente, los delincuentes piden a sus integrantes que bloqueen las carreteras, que no permitan el paso.
La violencia no ha cesado. En los primeros días de enero de 2024 volvieron a registrarse enfrentamientos, cortes de energía eléctrica y bloqueo de carreteras en diferentes comunidades de Frontera Comalapa y de municipios cercanos como Chicomuselo y Motozintla. Reforma publicó que, según los pobladores, ni el Ejército ni la Guardia Nacional lograron entrar a las áreas de conflicto.
Frontera Comalapa es una zona silenciada. Tomó varios años obtener los detalles de cómo operan los tratantes. En cada paso del proceso hubo que atender recomendaciones de seguridad, sortear evasivas, fuentes que aceptaron hablar y después se arrepintieron, condiciones de anonimato y advertencias.
Son las historias de Josefina, que durante años protegió en secreto a las víctimas del delito, y la religiosa Lidia Mara Silva de Souza, que en Honduras constató la violencia de los tratantes; de mujeres hondureñas como Ana, Rosa y Cony, que intentan escapar o se resignan al destino que las trajo a Frontera Comalapa, y de las parteras que se preocupan por su salud, para que puedan alumbrar bebés fuertes, las que permiten contar el recorrido de la trata, su punto de partida y su final, a veces luminoso, cuando logran dejar atrás a sus captores.
La trata de personas forma parte de un negocio ilícito que, según la ONU, genera a nivel mundial ganancias de hasta 36,000 millones de dólares al año.
Limbo migrante
Rosa y Ana llegaron en 2018 a Frontera Comalapa. Tres años después, viven en una cuartería y trabajan en un céntrico bar de la población. Es una prisión sin rejas. Sus pasos son vigilados por la organización criminal que pagó para traerlas, encabezada en el municipio, según afirman, por “el mexicano”.
“Yo tengo a mi mexicano que me maltrata. Se da cuenta de todo lo que hago, por eso ya no salgo”, dice Ana en la casa de parto, que huele a limpio y tiene un patio salpicado de piedritas que alguna vez estuvieron en un río que corre y se escucha muy cerca.
Antes de su fundación, en 1928, la población se llamaba Cushu, que en lengua mam significa “elote asado”. Otras versiones recogidas por la antropóloga Enriqueta Lerma Rodríguez afirman que Cushu se deriva de la cusha, el alcohol que producían las “fábricas de trago”. En su libro Los otros creyentes incluye un testimonio que atribuye el nombre de Frontera Comalapa a la voluntad de marcar el límite territorial con los guatemaltecos, que habrían habitado siempre en el lugar.
Fue en la segunda mitad de la década de los 90, escribe el investigador Nicanor Madueño Haon, cuando llegó la “primera ola migratoria” de hondureñas a Frontera Comalapa, que coincidió con el aumento de la militarización del estado tras el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El crecimiento del número de cantinas en esos años, atendidas por mujeres extranjeras, se relaciona con “el fenómeno” de la trata de personas en la región, apunta.
En 2012, el Gobierno de Chiapas informó que en cinco años había logrado desarticular 33 bandas dedicadas a la trata de personas. Entre 2015 y septiembre de 2022, la fiscalía estatal inició 36 carpetas de investigación por ese delito, precisó vía transparencia. No contaba con información específica sobre el número de víctimas hondureñas.
El Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también con información de la fiscalía estatal, consigna un aumento en las cifras: entre agosto de 2017 y julio de 2021 se abrieron 62 carpetas de investigación por trata de personas en Chiapas, y se iniciaron 40 causas penales en el ámbito local, ninguna en el federal. También se reportaron 84 víctimas. Hubo cinco sentencias condenatorias y dos absolutorias, y ocho personas encarceladas en el estado por ese delito
A nivel nacional, de acuerdo con el informe, se identificaron 3,896 víctimas de trata en el mismo periodo, de las cuales 2,934 eran mujeres. El 93 por ciento de quienes se pudo establecer su identidad eran mexicanas. La mayoría de las víctimas extranjeras eran colombianas (41), hondureñas (40) y venezolanas (38).
Dos funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que investigan el delito en Centroamérica aseguran que en la cadena de la trata entre Honduras y Frontera Comalapa, desde que enganchan a las mujeres hasta que son explotadas sexualmente, participan entre quince y diecisiete personas, incluidos funcionarios públicos. “Está el que capta, el que transporta, el que hospeda en los traslados, el que aloja [en el lugar de destino], la que les cocina”, explica uno en entrevista.
Quienes operan el negocio trabajan con personas que logran introducirse en el círculo íntimo de las víctimas. El primer contacto es un familiar o un amigo que se encarga de convencerlas para que se trasladen al municipio con la promesa de un trabajo bien remunerado.
Entre los dos extremos de la cadena hay hombres y mujeres que viajan con ellas. Es frecuente ver cómo los tratantes muestran varios pasaportes, acompañados de sus víctimas, en las ventanillas de los controles migratorios de Guatemala, sin que los agentes les hagan preguntas o intenten detenerlos. Están también las personas contratadas para recibirlas en ese país. Y los encargados de hoteles en los que nadie avisa a las autoridades lo que pasa dentro.
Una vez en México, después de cruzar por pasos fronterizos oficiales o no autorizados, intervienen más funcionarios y servidores públicos –agentes de migración, policías, fiscales–, que las ven y no actúan. Las víctimas quedan bajo el control de delincuentes e integrantes de grupos criminales.
Por eso hay un tránsito constante de hondureñas víctimas de trata, mujeres que, cuando se embarazan, acuden a las casas de parto en Chiapas para alumbrar a sus bebés, sin que puedan tramitar su nacionalidad debido a que el Registro Civil no reconoce los certificados de nacimiento que extienden las parteras, según el testimonio de las propias comadronas.
Para que estos certificados tengan validez, las parteras tienen que estar registradas en una institución del sector salud; si no lo están, el nacimiento debe ser asentado en una unidad de salud. En este último caso, las comadronas se limitan a entregar una hoja de alumbramiento, sin valor oficial.
Con información Aristegui
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