Tras aval de congresos locales, Senado declara constitucional la reforma y la envía a la presidenta Sheinbaum para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma de supremacía constitucional ha alcanzado uno de los pasos finales en su camino legislativo, desatando un fuerte debate sobre los alcances y límites del poder. Con la aprobación de más de 23 congresos locales y la declaración de validez del Senado de la República, la propuesta pasará a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta reforma, que busca blindar modificaciones constitucionales ante impugnaciones, levanta polémica y marca un giro decisivo en la relación entre el Legislativo y el Poder Judicial.
¿Qué implica la reforma de supremacía constitucional?
La reforma, impulsada por el partido gobernante y sus aliados, modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo es claro: proteger las reformas constitucionales de amparos y acciones de inconstitucionalidad, limitando la capacidad del Poder Judicial para revisar o bloquear cambios aprobados por el Congreso de la Unión y los congresos estatales. En términos prácticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no tendría jurisdicción para intervenir en cambios constitucionales que hayan seguido el proceso legislativo requerido.
Para el bloque que impulsó la reforma, esta medida asegura el respeto a las decisiones del Congreso, evitando que el Poder Judicial obstaculice cambios estructurales. Sin embargo, para la oposición, es un paso hacia la concentración de poder y el debilitamiento de uno de los contrapesos más importantes en el sistema político mexicano.
El camino de la reforma por los congresos locales
El avance de esta reforma ha sido veloz. A partir de su aprobación inicial en la Cámara de Diputados y el Senado, se inició una operación política intensa para garantizar la aprobación en los congresos locales.
Durante el proceso, 23 entidades votaron a favor, asegurando el mínimo necesario para que la reforma fuera declarada constitucional por el Congreso de la Unión. En varios estados, la aprobación se dio en sesiones extraordinarias convocadas con poco tiempo de anticipación, lo que generó críticas de sectores que consideran que no hubo un análisis adecuado de las implicaciones de la reforma.
El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, calificó la jornada de la declaratoria como “histórica”, defendiendo la medida como una forma de asegurar la supremacía de la Constitución. Para él y otros legisladores del partido en el poder, el cambio es fundamental para garantizar que la Carta Magna no esté sujeta a interpretaciones judiciales que puedan alterar la voluntad del Congreso.
¿Qué sigue para la reforma?
Con la declaratoria de validez emitida por el Senado, la reforma pasará ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá promulgarla. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma será parte activa de la Constitución.
Al hacerlo, se inicia una etapa de implementación y de interpretación en la que se verán los efectos concretos de esta decisión histórica en la dinámica de los poderes en México.
Este nuevo marco jurídico representará un cambio significativo para el Poder Judicial, ya que, en adelante, no podrá aceptar controversias constitucionales contra modificaciones a la Carta Magna.
Aunque para sus defensores la reforma asegura que las decisiones del Congreso prevalezcan, para la oposición y sectores de la sociedad civil, este cambio representa un riesgo para la independencia judicial y una posible puerta hacia la concentración de poder en el Ejecutivo y el Legislativo.
La controversia: ¿protección o concentración de poder?
La medida de proteger las reformas constitucionales de posibles impugnaciones judiciales ha dividido al país. Sus defensores afirman que esta reforma es necesaria para salvaguardar el mandato constitucional y evitar que el Poder Judicial se convierta en un obstáculo para los cambios impulsados por el Congreso. Sin embargo, para críticos y organizaciones de derechos humanos, el riesgo radica en que se suprimen mecanismos de defensa ante posibles abusos del poder legislativo.
La situación plantea una interrogante profunda: ¿puede una democracia funcionar sin que el Poder Judicial tenga la capacidad de revisar las modificaciones constitucionales? La respuesta a esta pregunta definirá, en gran medida, el equilibrio de poderes en México en los próximos años.
Con información La Verdad Noticias
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