Con 328 votos a favor, cinco abstenciones y 131 sufragios en contra, se avaló la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para pasar a su discusión en lo particular.
En medio de un debate ríspido, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbauam para expedir una Ley General de Aguas, así como diversas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se busca definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos, ordenas las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.
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En fast track, las y los diputados avalaron en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que tan sólo unas horas antes habían aprobado en comisiones.
La discusión continúa en lo particular, en espera de que la sesión se alargue hasta la madrugada debido a que se discutirán 529 reservas, de las cuales se prevé la aprobación de, al menos, 18 de ellas.
A lo largo de su análisis, dicha iniciativa ha sufrido más de 50 modificaciones, principalmente a raíz de las demandas de organizaciones campesinas que advertían que la propuesta original les causaba graves afectaciones, tales como una reducción en sus volúmenes de agua concesionada; ambigüedades en el caso de heredar o transmitir el binomio tierra–agua y su criminalizados por prácticas tradicionales de abasto para ganado o parcelas.
Todo ello provocó movilizaciones de los agricultores, quienes desde muy temprano cercaron con tractores los alrededores de San Lázaro como forma de presión para que los legisladores modificarán, todavía más, la iniciativa presidencial.
Al final, el dictamen sufrió nuevas modificaciones, aunque no de manera sustancial.
Una de las principales preocupaciones del sector agrícola estaba relacionada con la herencia de los títulos de concesión y el uso agropecuario del agua, ya que la propuesta original de la presidenta Sheinbaum, advertía que los volúmenes de agua provenientes de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua para uso agrícola, ganadero o forestal serían reasignados.
Ante ello, en San Lázaro se decidió cambiar por completo el artículo 49, para precisar que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.
Es decir, en caso de que se transfiera, venda, herede o se intercambie un terreno, los volúmenes y uso del agua quedarán igual que a la hora de ser adquiridos, más cuando se trate de actividades primarias de uso agrícola y pecuario. Mientras que, a través de una reserva, sólo se agregó que tampoco aplicará cuando se trate de actividades acuícolas.
Nuevos cambios
Otro de los cambios realizados de último momento impactó a lo estipulado en el Artículo 22, el cual indica que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
En la reserva aprobada en el pleno, los diputados añadieron un párrafo para aclarar que la propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán ante la Autoridad del Agua, quien deberá resolverá mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles.
Por otro lado, desde el pleno también se modificó el artículo 123 Bis 3 para establecer la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro, señalando que cuando el volumen sea menor o equivalente a 50,000 litros, la pena será de tres a 5 meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50,000 litros, la pena será de seis a ocho meses de prisión.
De igual forma, se cambió el artículo 123 Bis 5, el cual imponía penas de uno a ocho años de prisión a aquel funcionario que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos, a cambio de un beneficio para sí, para su cónyugue o parientes consanguíneos hasta el segundo grado, para elevar las sanciones de 2 a 14 años.
De acuerdo con el dictamen, con estas modificaciones se busca establecer que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, se desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
De igual forma se crea un Registro Nacional del Agua como herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
Durante la discusión de este dictamen, diputados del PAN y el PRI se enfrentaron con Morena y sus aliados por las demandas y preocupaciones expuestas por los campesinos, ganaderos, productores y comunidades rurales.
Con información de El Economista.
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