San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal). – La Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, afirmó que no existen duplicidades entre el organismo nacional y los organismos públicos locales electorales, ya que cada instancia cumple funciones distintas dentro del sistema electoral mexicano.
Explicó que, tras la reforma electoral de 2014, se estableció un modelo de coordinación con los organismos locales para homologar la calidad de los procesos electorales en todo el país. En este esquema, el INE establece lineamientos y reglas generales, mientras que los organismos públicos locales son los responsables de desarrollar y ejecutar diversas actividades a nivel estatal.
Ravel Cuevas señaló que estos institutos también realizan tareas que el INE no lleva a cabo directamente, como la organización de elecciones judiciales, procesos de participación ciudadana y consultas indígenas cuando así lo requiere la legislación local, por lo que consideró incorrecto hablar de duplicidad de funciones.
En cuanto al debate sobre la reducción de costos en las autoridades electorales, indicó que una eventual disminución en los salarios de consejeras y consejeros tendría un impacto mínimo en el presupuesto total del sistema electoral. Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la necesidad de tener claridad sobre el salario real de quien encabeza el Poder Ejecutivo federal, ya que éste incluye prestaciones adicionales.
Respecto a la discusión sobre la posible reducción o modificación de las diputaciones plurinominales, la consejera subrayó que la representación proporcional es fundamental para garantizar la pluralidad en el Congreso y permitir que las minorías políticas tengan voz en el debate legislativo.
Finalmente, Ravel Cuevas señaló que el combate a la infiltración del crimen organizado en la política debe atenderse desde el ámbito de la procuración y administración de justicia. Subrayó que cualquier acusación debe respetar el principio de presunción de inocencia y resolverse mediante sentencias judiciales, antes de que las autoridades electorales puedan tomar medidas que afecten los derechos político-electorales de una persona o partido.
MAVDL.
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