El ejército venezolano, ante la tentación de traicionar a Maduro
Al Estado Mayor venezolano se le complica el negocio. Las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre la industria del petróleo va a dejar a los generales sin acceso a su principal fuente de ingresos. La presión es, por lo tanto, máxima para que dejen caer al régimen de Nicolás Maduro. El líder de la oposición Juan Guaidó les garantiza, además, una amnistía por los crímenes que hayan cometido durante los 20 años de chavismo.
Desde que Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela en 1998, el ejército ha sido el principal garante del régimen. Maduro, que no es militar, como lo fue Chávez, ha transferido a los generales el control de buena parte de la economía, además de los puertos y puestos fronterizos, para garantizar su lealtad.
Mañana miércoles, con las calles encendidas, las fuerzas de seguridad tienen una oportunidad, tal vez la última, de forzar un cambio de régimen
¿Quién tiene derecho a gobernar Venezuela?
Nicolás Maduro
24.9% (4767)
Juan Guaidó
75.1% (14384)
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El petróleo que se exporta a Estados Unidos genera la principal fuente de divisas para Venezuela. China y Rusia también reciben mucho petróleo venezolano pero no pagan. Venezuela les debe tanto dinero que se lo cobran en crudo.
Las sanciones de la Casa Blanca bloquearán 7.000 millones de dólares en activos, prácticamente todos los bienes de Citgo, una empresa de refinado y distribución con sede en Houston (Texas), que es la joya de la corona de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía estatal. PDVSA, además, dejará de ingresar unos 11.000 millones de dólares durante este año.
PDVSA produce ahora poco más de un millón de barriles de petróleo al día. La mitad, es decir, medio millón de barriles, la vende en Estados Unidos, su principal cliente. Al perderlo, Maduro deberá vender este medio millón de barriles en el mercado asiático pero con un descuento considerable porque cruzar el Pacífico es mucho más caro que cruzar el Caribe. Estados Unidos, por su parte, pierde casi el 4% de las importaciones de petróleo, pero no le costará nada compensarlo con más petróleo de sus amigos en el golfo Pérsico.
La sanciones castigan también a Rusia que, en compensación por un crédito de 1.600 millones de dólares, se había hecho, a través de la compañía Rosneft, con el 49,9% de Citgo. El pasado noviembre, Maduro consiguió 6.000 millones de dólares más de Moscú para invertir en la industria petrolera y en la minería del oro.
China es, de lejos, el principal inversor en Venezuela, donde ha colocado créditos por valor de 38.000 millones de dólares. Si cae el gobierno de Maduro y este dinero no se lo puede cobrar en petróleo, intentará quedarse con infraestructuras venezolanas, puertos y refinerías, por ejemplo.
La Asamblea Nacional venezolana, que preside Juan Guaidó, ha calculado que en los últimos años, el régimen ha desviado 130.000 millones de dólares de los ingresos del petróleo, dinero que Maduro ha utilizado para mantener engrasada la maquinaria militar y enriquecer a los generales. Durante la última década, por ejemplo, Venezuela ha sido el principal importador de armamento de América Latina, armas que ha comprado, especialmente, en China y Rusia.
Los militares podrían detener al presidente Nicolás Maduro en cualquier momento y garantizar la estabilidad mientras Juan Guaidó, que la semana pasada se autoproclamó presidente, convoca elecciones. Esta transición contaría con el apoyo de Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y la Unión Europea. La Asamblea Nacional aprobó hace unos días una ley de amnistía para las fuerzas de seguridad del Estado, perdón que la oposición reitera con insistencia.
Los aliados de Maduro, sin embargo, denunciarían, como ya han hecho, “un golpe de Estado” y una injerencia estadounidense que recordaría los peores años de las dictaduras latinoamericanas. La Casa Blanca, aún así, insiste en que “todas las opciones están sobre la mesa”, pero esta retórica belicista difícilmente desembocará en una invasión de Venezuela.
Con Maduro, además de Rusia y China, están Cuba, México, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Turquía e Irán. Tanto Moscú como Pekín vetarán cualquier resolución que se proponga al Consejo de Seguridad para forzar la caída del chavismo.
Maduro puede resistir, como ha resistido Irán bajo las sanciones económicas de Estados Unidos, a costa, eso sí, de un deterioro aún mayor de las condiciones de vida para una población exhausta. Tres millones de venezolanos, un 10% de la población, ha salido del país por razones económicas.
El miércoles la oposición tratará de volver a exprimir este descontento con protestas masivas en toda Venezuela. Durante los meses duros del 2017, cuando decenas de miles de personas se manifestaron durante meses, hubo al menos 120 muertos. A las fuerzas de seguridad no les tembló el pulso a la hora de contener a los manifestantes. ¿Actuarán ahora con la misma contundencia o se pondrán “del lado del pueblo”, como les pide Guaidó?
Para complicar aún más las cosas, el pueblo venezolano está dividido. A pesar de la carestía, el régimen se las apaña para alimentar gratis a los más desfavorecidos, base electoral del chavismo que, sin duda, el miércoles también saldrá a la calle para defender la revolución bolivariana.
Esta jornada de manifestaciones y contramanifestaciones coincidirá con el encuentro en México DF del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España lidera la posición de la UE, que exige a Maduro que convoque elecciones esta misma semana. Obrador propone una mediación, un diálogo que, hasta ahora, no ha sido posible, ni siquiera bajo el arbitraje del Vaticano. Los esfuerzos del ex presidente Zapatero tampoco han servido de mucho.
Cuesta ver que ahora, ante la crisis más seria de su mandato, Maduro se avenga a unas concesiones que, a buen seguro, le costarán el cargo y acabarán con el chavismo. Su mejor opción es resistir. Rusia ha despertado el espectro de la guerra fría y es muy improbable que Trump ordene una operación militar. El riesgo de que salga mal es demasiado alto y, además, no contaría con el apoyo de Naciones Unidas ni de la opinión pública venezolana y latinoamericana.
Agencias.
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