San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal). – La optimización de recursos no debe sacrificar la capacitación ni la calidad democrática que da legitimidad y estabilidad al Estado, por lo que el tema presupuestal es uno de los principales retos que enfrentan instituciones como el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a menos de medio año de que inicie formalmente el proceso electoral que concluirá en 2027 con la renovación de ayuntamientos, diputaciones locales, diputaciones federales y la gubernatura potosina.
Lo anterior representa un desafío en relación con la suficiencia financiera necesaria para garantizar el despliegue técnico, la contratación de personal especializado y la fiscalización de los comicios, además de las armonizaciones que los organismos electorales deberán realizar una vez que se defina la Reforma Electoral en el estado.
Así lo explicó la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Dennis Porras Guerrero, quien señaló que, en el caso de este organismo, serán mínimos los cambios que tendrán que implementarse para garantizar que la resolución de las controversias políticas continúe bajo un esquema ágil, transparente y apegado a la legalidad.
“En justicia electoral aún no hay un cambio paradigmático como ocurrió por ejemplo con la Reforma Judicial; se trata de incluir ahora este tipo de elecciones a la Ley de Justicia. Se trata de adecuaciones mínimas, pero que invariablemente se tendrán que ver impactadas en la legislación y nosotros estamos analizando si las presentamos como Tribunal o realizamos la adecuación de nuestra normativa”, expresó.
La Magistrada, tras participar en el diálogo interinstitucional que sostuvieron autoridades estatales y electorales con relación al próximo proceso, indicó que, si bien las restricciones financieras actuales obligan a las instituciones a dar un uso responsable y mesurado de cada peso, existen límites que no deben rebasarse para asegurar la gobernabilidad del Estado.
Advirtió que los recortes a rubros clave pueden poner en riesgo el correcto arbitraje de las elecciones y afectar la calidad de los procesos democráticos.
“Sabemos que el presupuesto tiene esta complicación y esta lógica de que la administración pública debe estar enfocada a la optimización del recurso público, pero no por eso se debe sacrificar ni capacitación ni la calidad de la democracia a la que están acostumbrados los potosinos, a la que está acostumbrado el país, porque es lo que le da legitimidad a los ganadores y les brinda estabilidad política tras el proceso electoral”, concluyó.
Lucía López/Redacción.
