San Luis Potosí, SLP. La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que actualmente se encuentran en proceso de judicialización dos causas penales por el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas, ambos relacionados con víctimas mujeres.
Casos se analizan con perspectiva de género
La Presidenta del Poder Judicial explicó que este tipo de asuntos requieren un análisis especializado por parte de las y los juzgadores, quienes deben resolver los expedientes con perspectiva de género, valorando el daño ocasionado y los derechos humanos que pudieron haber sido vulnerados.
“Las y los juzgadores deben analizar cada caso considerando el impacto que este delito genera en las víctimas y garantizando la protección de sus derechos humanos”, señaló.
Fiscalía realiza las investigaciones
Zarazúa Martínez precisó que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia responsable de integrar las carpetas de investigación antes de que los asuntos sean resueltos por la autoridad judicial.
Indicó que los dos expedientes corresponden a víctimas del sexo femenino, cuyos casos continúan su curso conforme al procedimiento penal.
¿Qué es la difusión ilícita de imágenes íntimas?
De acuerdo con la legislación vigente en San Luis Potosí, el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas consiste en transmitir, publicar o difundir imágenes, videos, sonidos o grabaciones de contenido sexual —con o sin texto— obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, cuando no existe autorización para hacerlas públicas.
Esta conducta constituye una violación a la privacidad y a la intimidad de las personas y es perseguida penalmente.
Las sanciones previstas por la ley
La magistrada recordó que el artículo 187 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí establece que este delito puede sancionarse con:
- De tres a seis años de prisión.
- Multa de 300 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente aproximadamente a entre 35 mil y 70 mil pesos, de acuerdo con el valor vigente de la UMA.
Llaman a tratar estos asuntos con responsabilidad
La Presidenta del Supremo Tribunal subrayó que se trata de casos particularmente delicados, por lo que deben analizarse con rigor jurídico, confidencialidad y respeto a los derechos de las personas involucradas.
“Son asuntos sensibles que requieren un tratamiento responsable para evitar afectar aún más a las víctimas o a terceros relacionados con los casos”, enfatizó.
Protección a las víctimas
Las autoridades judiciales reiteraron que este tipo de delitos deben atenderse bajo los principios de confidencialidad, perspectiva de género y protección de los derechos humanos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización de quienes denuncian este tipo de conductas
Lucía López/Redacción.
