En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con 25 votos a favor y 1 en contra, un punto de acuerdo que presentaron las diputadas y diputados Marite Hernández Correa, José Antonio Zapata Meraz, Alejandra Valdés Martínez, María Isabel González Tovar, Edgardo Hernández Contreras y Angélica Mendoza Camacho para requerir la comparecencia conjunta de Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas; Marcos Enrique González Vega, Director de la Junta Estatal de Caminos; y Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado, a efecto de que rindan informe pormenorizado del estado en que se encuentra el desarrollo de la Obra Construcción de dos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez en la ciudad de San Luís Potosí y, particularmente, de las razones que ocasionaron el percance del pasado fin de semana.
Además, para que el Poder Legislativo exhorte al Gobernador del Estado, al Director de la Junta Estatal de Caminos, a la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación, realizar una auditoría que permita conocer la situación financiera, jurídica y técnica de la obra, la ejecución de los recursos invertidos, y quiénes han sido los beneficiarios directos con ventas, adjudicaciones, daciones en pago y generación de infraestructura urbana e hidráulica, a fin de determinar la capacidad para llevar a cabo el proyecto, y verificar la calidad de los insumos que una obra de tal importancia requiere.
En la justificación del punto de acuerdo aprobado se señala que es menester que el Gobierno del Estado explique a esta Soberanía y a la opinión pública en general las razones técnicas comprobadas que llevaron al colapso de esa parte de la obra; no solamente porque en este caso se trata del uso de recursos públicos, sino sobre todo porque debe garantizarse plenamente que en todas las etapas de la obra y su posterior utilización por miles de potosinas y potosinos, se cumpla con los estándares de calidad que aseguren que su uso no ponga en riesgo la vida de persona alguna.
En vista de que en el desarrollo de esta obra se contrató específicamente a una empresa, para garantizar que en todas las etapas de la misma estuviesen asegurados los conceptos de calidad de materiales y la calidad técnica de la misma, es preciso que dicha empresa presente la información documental que ampare el cumplimiento efectivo del contrato, y el porqué de la falla ocurrida el pasado sábado. Asimismo, el Gobierno del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos, deberá realizar una investigación sobre lo ocurrido y el cumplimiento de la empresa de manera plena con el trabajo para el cual fue contratada.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría, que garantice que los recursos financieros, los aspectos técnicos, la calidad de los materiales, y la capacidad profesional de quienes están realizando la obra sea la óptima; pensando en primerísimo lugar en la seguridad de las personas, antes que cualquier consideración vial, financiera, de tiempo o política.
Tal como lo establece el párrafo primero del artículo 7º de la Constitución Política del Estado, que a la letra mandata: “En el Estado de San Luis Potosí la protección de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público son la base y objeto de las instituciones políticas y sociales.” Por lo que realizar una investigación, auditoría y deslinde de responsabilidades, en una obra que debe asegurar en su uso la plena garantía de la salvaguarda de la vida de las personas, es más importante que cualquier otra consideración colateral.
En los antecedentes del punto de acuerdo aprobado se señala que el pasado fin de semana colapsó estructura en construcción de la obra de uno de los brazos que corresponden a trabajos de la ampliación del distribuidor vial Benito Juárez de esta ciudad capital, que realiza el Gobierno del Estado, a través de las empresas privadas, Maquinaria y Renta de Zacatecas, S.A. de C.V., Sánchez Valdez Construcciones, S.A.
de C.V. y Constructora Santos Chisum, S.A. de C.V., bajo licitación pública No. LPE-JEC20-2017 por un monto de $218’534,290.00 (doscientos dieciocho millones, quinientos treinta y cuatro mil doscientos noventa pesos).
La empresa Latinoamericana de Ingeniería Civil, S.A. de C.V., obtuvo mediante la licitación No. LPE-JEC062018, el contrato de la Junta Estatal de Caminos para llevar a cabo los “Trabajos de Supervisión, Control y Seguimiento de la Obra Construcción de dos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez en la Ciudad de San Luís Potosí, S.L.P”.
El pasado fin de semana, es del dominio público que colapsó parte de la construcción de una base de uno de los brazos de la obra de construcción de dos brazos del Distribuidor Vial, teniendo, según reportes periodísticos, ya que hasta el momento no se cuenta con un parte oficial, el resultado de dos personas lesionadas, más las pérdidas materiales lógicas del percance.
Antes de este asunto, se aprobó por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma los artículos 22 en su párrafo segundo y 73 en su fracción XXX; y adiciona al artículo 22 tres párrafos, éstos como tercero a quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Esta reforma establece que: No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio,
incluidos sus productos, rendimientos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Fue aprobado por mayoría, con 25 votos a favor y 1 en contra, el dictamen que tiene por concluida la fase de revisión y cotejo del paquete documental de entrega-recepción por parte de la Directiva, y las comisiones de Hacienda del Estado; y Vigilancia, resultando procedente dar paso a la fase de aprobación del paquete de entrega-recepción por parte del Pleno de la LXII Legislatura.
Segundo. Se instruye al Contralor Interno de esta Soberanía, proceder en términos de Ley en contra de quien o quienes resulten responsables, ante la omisión en la entrega de los recursos públicos de los órganos siguientes:
1. Junta de Coordinación Política. 2. Contraloría Interna. 3. Comité de Administración. 4. Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas. 5. Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado. 6. Comité de Información. 7. Comité del Sistema de Gestión de Calidad.
Tercero. Se instruye al Contralor Interno de esta Soberanía, proceder en términos de Ley en contra de quien o quienes resulten responsables, por los actos referidos en el considerando décimo tercero, en relación con los considerandos décimo cuarto y décimo quinto de este instrumento.
Cuarto. Se instruye al Contralor Interno de esta Soberanía, proceder en términos del artículo 71 y demás relativos aplicables de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, respecto de las irregularidades reportadas por los órganos del Congreso del Estado.
Quinto. Se instruye a todos y cada uno de los órganos del Congreso del Estado, informar a su superior jerárquico, así como a la Contraloría Interna de esta Soberanía, sobre la detección de irregularidades que en lo futuro pudieran surgir o ser detectadas, con la finalidad de actuar en el marco del régimen de responsabilidades.
Se aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí con la finalidad de establecer que se debe estimular la promoción de esquemas y acciones en los programas educativos, con el objetivo de fomentar la cultura ecológica en todos los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en nuestra niñez y juventud, implementando campañas para erradicar el uso de envases de politereftalato de etileno (PET), así como haciendo obligatoria la siembra de árboles y el cuidado de los mismos, a fin de lograr la preservación del medio ambiente.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que en los últimos años ha existido un aumento significativo del uso del plástico, material que es utilizado a diario en diversas formas y ello representa un peligro para el medio ambiente.
Al efecto es importante recordar que cualquier plástico tarda cientos de años para degradarse, desprendiendo sustancias y elementos tóxicos que acaban en el suelo, entrando así a los organismos de los que habitan en él.
La adecuación tiene por objeto que tanto los planteles educativos estatales, municipales y particulares fomenten en la comunidad educativa una cultura ecológica, con especial énfasis en la niñez y juventud, implementando campañas para erradicar el uso de envases de politereftalato de etileno.
Sin duda, la educación ambiental en los niños y adolescentes es esencial para poder transformar la sociedad, en relación al impacto de las actividades humanas sobre los recursos naturales, y formar valores en esas generaciones que amen, respeten, valoren y conserven con responsabilidad y conciencia su medio ambiente; de ahí la importancia de que se les brinde la información y conocimientos necesarios sobre el tema.
En este sentido, la modificación busca enseñar y generar educación ambiental porque ello permitirá desarrollar una sensibilidad ante los problemas ambientales actuales, crear conciencia ambiental y formación de hábitos para un cambio de actitud y participación en defensa del mismo.
Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer y garantizar la inclusión en el Programa Estatal de Desarrollo Rural el relevo generacional, como elemento trascendental en los programas rurales, regulando con ello la transferencia de conocimientos y experiencias para desarrollar capacidades de los jóvenes productores rurales dedicados a actividades agropecuarias.
Con esta reforma se definirá al Relevo Generacional como: proceso gradual en el que se transfieren conocimientos y experiencias para desarrollar capacidades de los jóvenes productores rurales dedicados a actividades agropecuarias, que redunda en el desarrollo rural sustentable, a través del fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad, y la sustentabilidad ambiental.
Además, se establecerá que la programación para el desarrollo rural sustentable deberá comprender una perspectiva a mediano y largo plazos, que contemple programas enfocados a los jóvenes productores rurales, con el objeto de asegurar un relevo generacional que garantice el desarrollo rural sustentable.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que en la actualidad el campo potosino, tanto en producción agrícola como ganadera, se encuentra en un proceso de expansión de acuerdo a las posibilidades de las distintas regiones de la entidad.
El ajuste tiende a transformar la visión del campo en nuestro Estado, con la cual se da la posibilidad de implementar políticas a mediano y largo plazo; que serán parte de los esquemas de planeación estatal, las cuales sentarán las bases para ofrecer a los jóvenes productores incentivos y alicientes para quedarse en el campo, trabajarlo y producir el sustento alimentario para todos.
Se aprobó por unanimidad reformar la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí con el objetivo de que dentro del Programa
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, se pueda generar conocimientos que puedan ser usados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de salvaguardar el futuro de la sociedad y reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos negativos del clima.
Con esta reforma se establecerá que el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado a que se refiere el artículo 4° fracción V de la Ley Orgánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, deberá considerar en sus proyectos temas relacionados a la prevención del cambio climático.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que de acuerdo al estudio “México y el cambio climático global” realizado por la Doctora Cecilia Conde, el cambio climático que se viene registrando en los últimos 100 años está asociado directamente a las actividades humanas desde la Revolución Industrial.
Esto, debido a que casi todos los procesos industriales se realizan con la quema combustibles fósiles; a lo anterior se suma que desde la época de la colonia y hasta la actualidad, nuestro país ha perdido la mitad de sus bosques (6.3 millones de hectáreas), ocupando la nada honrosa segunda posición del Continente en destrucción forestal.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y, si seguimos así, el incremento de la temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por los países, con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático.
Lo alarmante es que según los últimos informes, la temperatura global se acrecentó en 0.74 grados centígrados, por lo que el propio comité de expertos señala que de continuar esta tendencia, tendremos consecuencias negativas en la biodiversidad, salud, agricultura y a la vida humana.
Fue aprobado por unanimidad reformar el artículo 67 de la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas ambientales estatales relativas al cambio climático y disposiciones que
de ella emanen, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, conforme a las disposiciones del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.
Lo anterior porque con la entrada en vigor del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se abrogó la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, como específicamente lo refiere el artículo tercero transitorio del atinente que cita “Se abroga la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado con el veintisiete de marzo de dos mil uno. Los procedimientos iniciados durante su vigencia continuarán substanciándose y se resol verán bajo las disposiciones de la misma hasta su conclusión definitiva.”
El dicho Código alude ahora al recurso revisión a que hace referencia el artículo 67 de la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí; por tanto, es pertinente e indispensable establecer el nombre correcto del ordenamiento que prevé actualmente dicho instrumento legal, con la intención de darle legalidad, certeza y seguridad jurídica al precepto citado, en aras de la eficiencia y eficacia de la aludida norma.
Fue aprobado un punto de acuerdo que presentó la diputada Martha Barajas García para que el Congreso del Estado exhorte de manera respetuosa al titular del Ejecutivo para que instruya a la titular de los Servicios de Salud en el Estado a fin de que informe a esta Soberanía respecto de si todos los Centros de Justicia para Mujeres que se encuentran funcionando en el Estado cuentan con al menos una médica y una enfermera, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí; y en su caso, si no cuentan con este personal, que se informe los motivos que originan está situación.
Además, para exhortar de manera respetuosa a las representaciones del IMSS y del ISSSTE en San Luis Potosí para que faciliten la celebración convenios de colaboración con el Centro de Justicia para Mujeres en el Estado, con la finalidad de brindar un servicio integral a sus derechohabientes, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, en razón de violencia.
Fue votado en contra, con 15 votos en contra, 6 a favor y 3 abstenciones, un punto de acuerdo que presentaron la diputada Marite Hernández Correa y el legislador Pedro César Carrizales Becerra para que el Congreso del Estado exhortara de manera respetuosa a los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Estatal) y al Ayuntamiento de San Luis Potosí a:
Vigilar que se cumplan las recomendaciones que la ONU realizó a través del Comité de los Derechos del Niño y adecuen los instrumentos normativos de su competencia para prohibir el acceso de niñas, niños y adolescentes a espectáculos públicos con contenido violento y/o donde se maltrate a animales y puedan ser testigos de accidentes y muertes de animales.
Y desarrollar campañas educativas, de concientización y sensibilización, con la participación de la población en general, en el marco de los Derechos Humanos, para evitar que niños y niñas participen trabajando, o como espectadores en espectáculos públicos con contenido violento y/o donde se maltrate a animales y puedan ser testigos de accidentes y muertes de animales.
Se votó en contra, con 16 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones, un punto de acuerdo que presentó la diputada Angélica Mendoza Camacho para que el Congreso del Estado exhortara a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí a que remita a esta soberanía un informe de la aplicación de los recursos, que se ha hecho al inicio de cada ciclo escolar, el que se aporte una cierta cantidad para inscripción y cuota de padres de Familia. Y que a pesar de que no está en la Ley, como obligatoria la realidad es que en algunos de las escuelas sí se les ha condicionado, con la promesa de hacer mejoras a la escuela, en algunas de ellas sí se realizan, sin embargo, existe inconformidad de padres de familia por el manejo de estos recursos, debido a la mala administración que se hace de los recursos públicos, además de los padres de familia que tienen dificultad para aportar esa cantidad.
Fue aprobado el informe financiero del Congreso del Estado correspondiente al 31 de diciembre 2018, que incluye la información de noviembre 2018. El presidente de la Junta de Coordinación Política,
diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, fue el encargado de presentar, en la Tribuna Legislativa, dicho informe.
Además, fueron aprobados los dictámenes que desecharon por improcedentes las iniciativas que buscaban reformar la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí.
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; entes autónomos; ayuntamientos y organismos paramunicipales; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país e Iniciativas.
En asuntos generales, las diputadas Paola Alejandra Arreola Nieto y Angélica Mendoza Camacho participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa para demandar a las autoridades de Soledad de Graciano Sánchez e Interapas a que resuelvan el problema de la falta de agua potable en esa demarcación.
El legislador Edgardo Hernández Contreras demandó a las autoridades estatales a que ya otorguen el aumento salarial a los elementos policiacos, así como a agentes del ministerio público, peritos y ministeriales.
El diputado Oscar Carlos Vera Fábregat habló sobre las estancias infantiles y propuso un punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que analice y reconsidere las condiciones económicas y sociales reales y actuales de las madres trabajadoras del país que son beneficiadas por el subsidio de las estancias infantiles. El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor y 1 abstención.
La legisladora María del Consuelo Carmona Salas habló de la Comisión Nacional de Textos Gratuitos. La diputada Laura Patricia Silva Celis demandó a las autoridades correspondientes atender a los productores potosinos, del Altiplano principalmente, por los problemas que tienen debido a los efectos climatológicos. La legisladora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez habló de las decisiones recientes que ha tomado el Presidente de la República
Agotados los asuntos agendados, la presidenta de la Directiva, diputada Sonia Mendoza Díaz, citó al pleno de la LXII Legislatura a sesionar a partir de las 10 horas del jueves 21 de febrero del año 2019 en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número 19.
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