La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, rechazaron que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tenga como objetivo sancionar memes, parodias o críticas al gobierno.
La discusión surgió a partir de las modificaciones aprobadas por el Senado al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, particularmente por el nuevo artículo 403 Bis, relacionado con el uso de la identidad gráfica, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas.
El Senado aprobó la reforma en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra y posteriormente avaló modificaciones al dictamen. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
¿Qué establece la reforma?
El artículo 403 Bis aprobado por el Senado establece penas de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La conducta debe realizarse con la intención de inducir al error o engaño respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública, con la finalidad de cometer un ilícito.
De acuerdo con la explicación ofrecida por el gobierno, el objetivo es combatir casos de suplantación de instituciones públicas utilizados para cometer fraudes, particularmente mediante páginas de internet, documentos o contenidos que aparenten provenir de una dependencia oficial.
Gobierno pone como ejemplo posibles fraudes
Durante las explicaciones sobre la reforma, el gobierno federal ha señalado escenarios en los que particulares podrían utilizar logotipos, dominios o documentos oficiales para hacerse pasar por instituciones como el IMSS o el SAT y solicitar dinero a ciudadanos.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran sitios que aparenten ser plataformas oficiales para realizar trámites, modificar pensiones o regularizar alguna situación fiscal a cambio de depósitos.
Sheinbaum también ha planteado el caso de contenidos manipulados mediante nuevas tecnologías, como un video falso en el que aparezca un funcionario recomendando invertir dinero en una determinada cuenta.
La Presidenta ha argumentado que este tipo de conductas requieren herramientas jurídicas para poder ser perseguidas cuando se utilizan para cometer fraudes.
Sheinbaum rechaza que se trate de una “ley antimemes”
La Presidenta ha rechazado que la reforma prohíba los memes. En declaraciones previas, explicó que la restricción está relacionada con el uso comercial de elementos oficiales y su utilización para engañar, no con el simple hecho de colocar un logotipo gubernamental en una publicación de redes sociales.
La consejera jurídica Luisa María Alcalde también ha sostenido que presentar la reforma como una medida para limitar memes o críticas resulta engañoso, pues, según la explicación del gobierno, deben concurrir elementos adicionales como el uso a escala comercial, la intención de inducir al error y la finalidad de cometer un ilícito.
La oposición cuestiona el alcance de la redacción
El debate, sin embargo, no terminó con la modificación del dictamen.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han advertido que la redacción del artículo 403 Bis puede ser demasiado amplia y han cuestionado que no exista una exclusión expresa para memes, sátira, caricaturas, periodismo o expresiones de crítica política.
La senadora panista Guadalupe Murguía sostuvo que, aunque el artículo no sanciona expresamente los memes, la redacción podría generar interpretaciones que alcancen contenidos de crítica política.
Durante el debate también se planteó que la amplitud de conceptos como “identidad gráfica institucional” y “escala comercial” podría generar dudas sobre el alcance de la disposición.
¿Los memes están prohibidos?
La reforma aprobada por el Senado no establece que hacer o compartir un meme sea, por sí mismo, un delito.
El supuesto penal aprobado exige una serie de elementos: entre ellos, el uso a escala comercial de elementos de identidad institucional, la intención de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de un contenido y la finalidad de cometer un ilícito.
Por ello, afirmar que la reforma establece una prohibición general de memes no corresponde al texto aprobado por el Senado.
Al mismo tiempo, la controversia sobre su posible aplicación a determinados contenidos satíricos o de crítica política permanece abierta, debido a las interpretaciones enfrentadas entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance de la nueva disposición.
La reforma todavía no entra en vigor
Otro dato relevante es que la reforma aún no es una ley vigente. Después de ser aprobada por el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo.
El debate, por tanto, se centra actualmente en el alcance que tendría el nuevo tipo penal si la reforma es aprobada definitivamente y posteriormente promulgada.
Mientras el gobierno sostiene que la medida busca combatir la suplantación de instituciones y los fraudes realizados mediante elementos oficiales, legisladores de oposición mantienen que la redacción debe ofrecer mayores garantías para evitar interpretaciones que afecten la libertad de expresión.
Redacción
