La masacre en una fiesta ocurrida el pasado 20 de abril en Minatitlán, Veracruz, donde fue ejecutado hasta un niño de un año, revivió el terror en todos los rincones del estado. No es para menos: los secuestros casi se han triplicado, los homicidios no bajan y este estado es el lugar donde más fosas clandestinas se han hallado desde diciembre.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los homicidios en la entidad siguen igual: desde 2017, en cada primer trimestre de año promedian cuatro al día . Además, de enero a marzo de 2019 se han contabilizado 111 secuestros (un promedio de uno al día), cifra muy por arriba de los 38 que se registraron en el mismo periodo del año pasado o de los 46 registrados en los primeros meses de 2017.
Veracruz también encabeza la lista negra de entidades con mayor número de fosas clandestinas: tres de cada diez halladas en el país de diciembre a la fecha se descubrieron en este estado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación. Se trata de 34 por ciento de las fosas ubicadas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 en todo México.
Buena parte de esos hallazgos se dieron gracias al trabajo de los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos y que desde 2012 se han organizado en diversos municipios del estado. Hoy, esos grupos de la sociedad civil también son amenazados por las organizaciones criminales.
A Sandra Cortaza los presuntos delincuentes que secuestraron y desaparecieron a su hijo y su esposo en 2014 la obligaron a desplazarse fuera de Veracruz y se apoderaron de su casa y sus bienes desde hace unos meses.
“Yo tengo papeles (que comprueban) que es mi casa, yo pago predial y todo, pero ya no quise volver porque me dio miedo, me dijeron que me fuera o me pasaría lo mismo que a mi esposo”, cuenta esta mujer de 54 años que hoy trabaja en una fábrica muy lejos de Minatitlán, donde crió a sus tres hijos.
En agosto de 2014, una madrugada, civiles y policías entraron a la casa de Sandra: “Tirotearon todo, no encontraron nada porque no teníamos nada y se llevaron a mi esposo y a mi hijo. A mí y a mi hija, que entonces estaba embarazada, nos dejaron golpeadas en el piso”.
Tres días después, cuenta Sandra mientras sostiene las fotografías de sus desaparecidos, “empezaron a hablar, que querían rescate. Me pidieron 300 mil pesos, pero apenas les junté 75 mil y les di los autos, uno de mi esposo, otro de mi hijo y otro de mi yerno”.
La familia Cortaza vendió algunas pertenencias y se hizo de un crédito bancario con la esperanza de recuperar a Jorge Eduardo Velázquez y a Jorge Villaseca Reynaldo. “Trece días después me llamaron y me dijeron dónde me lo iban a dejar y yo fui; no había nada y ya no supimos de ellos”.
Un año más tarde, el colectivo de madres en búsqueda en Coatzacoalcos se puso en contacto con Sandra. Los cuerpos de seis jóvenes habían sido localizados con impactos de bala cerca de un arroyo. Uno de ellos se parecía mucho a su hijo Jorge Eduardo.
“Me fui rápido a Xalapa, ahí me sacaron sangre, también me hicieron ir a Veracruz y a otra fiscalía en Córdoba, pero nunca pude lograr que le hicieran pruebas de ADN al cuerpo del joven que supuestamente era mi hijo”.
Según la mujer, la fiscalía del estado se negó a practicar pruebas al cuerpo y tampoco le explicaron dónde colocarían los restos ni qué ocurriría con las pruebas periciales de ese cadáver que, por las características físicas y las fotografías de la carpeta pericial, coincidían con su hijo.
“Hasta hoy yo creo que es él y no tengo a dónde ir a llorarle o dejarle flores”, se lamenta Sandra, quien hoy integra el Colectivo de Madres en Búsqueda Belén González, uno de los muchos grupos al sur del estado que ha localizado fosas en todo Veracruz.
De 2017 a la fecha, los colectivos han identificado al menos nueve fosas clandestinas. Los restos que han logrado sacar, explica Belén González, lideresa del colectivo y madre de Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido por policías en septiembre de 2015, según la denuncia, rondan los 300 y cada día se actualiza la cifra.
Apenas el fin de semana, tres colectivos detectaron restos en una nueva fosa en el municipio de Úrsulo Galván, al norte del estado. “Hasta esa fecha llevábamos 64 restos y se está trabajando en la ubicación de más puntos, donde creemos que vamos a encontrar muchos más”, señala la activista.
Pero, lamenta, “de nada ha servido que encontremos cuerpos y estemos encontrando fosas, si todo se traba cuando entra la fiscalía. Ahí es donde ya no podemos accesar a la información, porque no hay reactivos, no hay personal, no hay dónde poner los restos y por eso existe un rezago muy grande sobre las identificaciones”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Namiko Matzumoto, afirma que una de las violaciones más recurrentes de las autoridades en la entidad es la opacidad sobre el estatus de los restos recuperados. “No se les ha dado certeza a las víctimas bajo el argumento de la falta de capacidad o de recursos humanos y económicos”, reprocha.
La información sobre el actuar de la fiscalía se ha complicado en buena medida por las diferencias políticas entre el fiscal del estado, Jorge Winckler, y el gobernador Cuitláhuac García.
Milenio
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