Al menos cinco casos podrían implicar alguna responsabilidad directa del Gobernador, empezando por el desvío de recursos para recabar las firmas que le permitieron ser candidato presidencial en el 2018
De acuerdo a Reforma, Jaime Rodríguez arrancó su sexenio como Gobernador de Nuevo León, creando una Subprocuraduría Anticorrupción que abrió decenas de investigaciones contra funcionarios de la Administración anterior.
Actualmente, la gestión de “El Bronco” es la que enfrenta 13 averiguaciones penales, según información proporcionada por la Fiscalía Anticorrupción, que ya no depende del Estado. Al menos cinco casos podrían implicar alguna responsabilidad directa del Gobernador, empezando por el desvío de recursos para recabar las firmas que le permitieron ser candidato presidencial en el 2018.
Añaden que además del proceso que inició el Congreso local, y que “El Bronco” llevó a la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional, es investigado en forma autónoma por la Fiscalía, que ya ha citado a funcionarios y ex funcionarios involucrados.
Rodríguez también podría resultar con responsabilidad en dos asuntos que involucran a su suegra, María Teresa Martínez, quien primero usó despensas del DIF para promoverse en Santa Catarina, municipio donde intentó ser Alcaldesa; y después obtuvo un inusual aumento salarial de 144 por ciento que le permitió retirarse del Estado con una jugosa pensión.
Otras carpetas de investigación que pueden afectar al Gobernador están relacionadas con la contratación y mejoras laborales de otros parientes suyos en la Administración estatal, y la construcción de una finca de valor millonario en Galeana.
La Fiscalía investiga además la compra del dron hechizo que el Estado anunció como una inversión de 54 millones de pesos; el “Cobijagate”; supuestos desvíos en la entrega de apoyos a estudiantes para el transporte público, e irregularidades en el arrendamiento de unidades realizado entre Metrorrey y Ecovía.
También hay averiguaciones por presuntos cobros ilegales a taxistas desde la Agencia Estatal del Transporte, una venta de terrenos de Fomerrey sin aval del Consejo Técnico, renta de helicópteros a precio superior al valor de mercado, y la compra con posible sobrecosto de seis flamencos para La Pastora.
Con información de Reforma
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