El Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República a iniciar una carpeta de investigación en contra de Jesús Murillo Karam por delitos cometidos contra la
administración de justicia en el marco de las investigaciones a su cargo, en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Las y los legisladores Marite Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho, Alejandra Valdés Martínez, Rosa Zúñiga Luna y Edson de Jesús Quintanar Sánchez propusieron sanciones contra el ex Procurador General de la República, por el manejo que hizo de las investigaciones a su cargo en su momento.
En su expoisición de motivos. indican que el pasado 7 de julio de 2020, restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron encontrados en una zona conocida como Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, a 800 metros del basurero de la localidad, según informó Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un mensaje, el funcionario indicó que, luego de que la institución recibió información, se realizaron más de 20 búsquedas. Entre el 21 y el 29 de noviembre se encontraron restos, de los que seis piezas fueron enviadas para su análisis a la Universidad de Innsbruck, Austria.
Durante su mensaje, el fiscal especial insistió en que el hallazgo ocurrió en una zona distinta a la del basurero municipal de Cocula, un sitio clave de la investigación de la anterior administración federal, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados.
Desde el sexenio pasado (2012-2018), los familiares de los jóvenes y organizaciones civiles rechazan esa versión, conocida como “la verdad histórica”. Los nuevos hallazgos en la investigación implican una ruptura abrupta con la denominada “verdad histórica”, esto último implica que esta verdad fue construida con dolo, con el objetivo de negar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, con el propósito de encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, así como un cúmulo de irregularidades en la investigación que tienen que investigarse por cadena de mando, comenzando por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Recuerdan que estos hechos iniciaron la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (Tixtla, Guerrero) se encontraban de paso por el municipio de Iguala, Guerrero, con el objetivo de reunir recursos y transporte para llegar a la Ciudad de México para sumarse a las movilizaciones estudiantiles de exigencia de justicia por el genocidio perpetrado por el Estado Mexicano el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Los normalistas fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado con apoyo de las policías municipales de Iguala, la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal con pleno conocimiento y monitoreo del Batallón de Iguala y los mecanismos de inteligencia del Gobierno Federal, según diversos reportes. Como resultado de estos hechos resultaron diversas personas lesionadas, hubo muchos detenidos y fallecieron seis personas, tres normalistas, dos jugadores del equipo de fútbol Los Avispones y una mujer que viajaba en un taxi; y desaparecieron de manera forzosa a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De las constancias que obran en la averiguaciones previas se desprende que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que obtuvieron las confesiones de varios de los detenidos mediante golpizas e incluso choques eléctricos, así como tortura psicológica para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros, generalmente antes de ponerlos a disposición de las autoridades, algunos marinos reportaron que “se lastimaban solos”.
Asimismo, ninguno de los casi 100 detenidos se encuentra acusado por el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro, homicidio, entre otros tipos penales que distan de la conducta típica que implica la desaparición forzada de personas. Bajo confesiones obtenidas mediante la tortura la PGR construyó la denominada “verdad histórica”.
El Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis a la Comisión de Justicia.