Cada mañana, en una escuela de educación primaria federal del municipio de nueva creación Villa de Pozos, entran al aula muchos mundos distintos. Mundos marcados por el hambre, por la violencia, por el abandono. Durante más de doce años de servicio en educación primaria he aprendido que enseñar ya no es solo transmitir conocimientos: es contener heridas, leer silencios y, muchas veces, intentar salvar vidas.
Antes, el problema más grave era la falta de alimentos. Hoy, además de la desnutrición, enfrentamos realidades aún más crudas: violación sexual, violencia intrafamiliar, consumo de drogas y jóvenes que se dañan los brazos como una forma desesperada de gritar lo que nadie escucha. Esta es la infancia que estamos formando… o dejando perder.
Al inicio de un ciclo escolar, como educadora, una aprende a observar. Entre todos mis alumnos hubo una niña de apenas ocho años cuya mirada no era la de una infancia viva: era tristeza, enojo y algo peor, una especie de muerte en vida. Había perdido a su madre a temprana edad. Vivía con su padre y la pareja actual de él. Estaba olvidada por su familia materna y ausente de todo aquello que debería rodear a una niña de su edad: cuidado, protección, ternura.
Su comportamiento era distinto, su asistencia irregular. Eso me obligó —como docente y como ser humano— a involucrarme. Indagué, investigué, busqué proteger su seguridad y su integridad. Hasta que un día reuní el valor para denunciar, fuera de la institución, a quien la estaba dañando. El agresor era su propio padre. Violencia sexual, agresiones diarias, humillaciones constantes. Pensé que lo peor ya había salido a la luz.
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No fue así.
El dolor más grande llegó cuando esa niña, que no pidió venir al mundo y que ya había quedado huérfana de madre, tomó la decisión de entrar al salón de clases e intentar quitarse la vida frente a sus compañeros. Logré evitarlo. Actué. Sobrevivió. Pero algo dentro de ella —y de mí— se rompió para siempre.
Las autoridades investigaron de forma lenta, superficial. El tiempo que tardaron en reunir pruebas fue el tiempo exacto que el agresor necesitó para desaparecer junto con la niña. Cambiaron de domicilio. Hoy no sabemos si vive o si murió. Nunca he visto que la Fiscalía General del Estado la busque activamente. No hay avances. No hay respuestas.
Y sí, hoy ya no duermo como antes. Pienso en mi alumna desaparecida. Pero también cuestiono profundamente al sistema que dice protegerla. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado debe asumir mayor responsabilidad y autoridad para canalizar de inmediato estos casos a las instancias correspondientes. El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y la Procuraduría de la Defensa del Menor tendrían que actuar con urgencia real: proteger, resguardar, separar al menor del agresor, no solo llenar expedientes.
La escuela no puede ni debe cargar sola con esta responsabilidad. Y, sin embargo, cuando levanté la voz, la autoridad que me representa me pidió silencio. Por eso hoy omito mi identidad.
Escribo porque callar también es violencia. Porque una niña desaparecida no puede convertirse en un trámite olvidado. Porque la educación no es solo planes y programas: es ética, es responsabilidad social, es compromiso con la vida.
- Imagen ONU
Lucía López/ Redacción
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