Desde hace unos días, a nivel nacional se ha generado un clima de incertidumbre en la República Mexicana tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de abrogar el decreto emitido por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, el cual permitía la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como autos chocolate, y que estaría vigente hasta septiembre de este año.
La pregunta que hoy se hacen miles de personas es clara: ¿qué fue lo que se canceló y qué cambiará rumbo a 2026?
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El decreto impulsado durante el sexenio de AMLO facilitaba la regularización de vehículos importados principalmente de Estados Unidos, permitiendo que estas unidades se registraran legalmente y circularan con placas mexicanas mediante esquemas simplificados o amparos. Este mecanismo reducía barreras administrativas y económicas para los propietarios, especialmente en zonas fronterizas y áreas metropolitanas.
Sin embargo, con la decisión de la presidenta Sheinbaum Pardo, dicho decreto quedó sin efecto. En su lugar, se anunció que los vehículos extranjeros que busquen registrarse, así como aquellos que ingresen con frecuencia al país por motivos laborales o residenciales, deberán cumplir con nuevos y más estrictos requisitos.
Entre las nuevas disposiciones se contempla el pago aproximado de 2 mil pesos por concepto de placas foráneas o de tránsito, la sujeción a reglas más estrictas de verificación vehicular —incluyendo normas ambientales más altas que las establecidas en el acuerdo anterior—, así como requisitos administrativos adicionales como seguro obligatorio, hologramas ambientales actualizados y la presentación de documentos que acrediten la propiedad del vehículo.
Estas medidas aplicarán en diversas entidades del país, entre ellas Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Para San Luis Potosí, la cancelación del decreto representa un golpe particularmente fuerte. Actualmente, se estima que alrededor de 120 personas se dedican a la venta de vehículos de procedencia extranjera en el estado. Al no prever esta decisión, muchos de ellos tienen inversiones detenidas en unidades que hoy enfrentan un panorama incierto.
El impacto no se limita al sector comercial, sino que también alcanza al desarrollo económico y a las familias que dependen de estos vehículos. Al respecto, Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores de Lucha por tu Patrimonio (CTLP), confirmó que el decreto del programa de regularización fue derogado, lo que implica la conclusión, por el momento, del proceso de legalización de estas unidades en el país.
Gómez Suárez señaló que el programa también facilitaba la importación permanente de vehículos, mayormente de Estados Unidos, mediante un pago fijo de 2 mil 500 pesos por unidad. Por esta razón, expresó confianza en que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de emitir un nuevo decreto con reglas de operación distintas llegue en un momento oportuno.
Reconoció que el impacto negativo en la economía afecta directamente a familias campesinas y trabajadoras que cuentan con unidades extranjeras, ya que ahora enfrentan incertidumbre y quedan expuestas a posibles actos de extorsión por parte de corporaciones de seguridad. Además, advirtió sobre el riesgo de que resurjan organizaciones fantasmas o defraudadoras que abusen de la buena fe de la población, como ya ocurrió en el pasado en San Luis Potosí.
La dirigente destacó que únicamente las organizaciones acreditadas y certificadas, como la CTLP, pueden brindar asesoría legal y acompañamiento a los interesados, con el fin de no poner en riesgo su patrimonio. Recordó que dicha organización cuenta con más de 35 años de trabajo, un padrón vigente superior a los 20 mil afiliados y una mayoría de resultados positivos en procesos de legalización. No obstante, en el estado aún permanecen pendientes más de 40 mil trámites de regularización.
Finalmente, Gómez Suárez afirmó que se otorga un voto de confianza a los gobiernos federal, estatal y municipal para que quienes poseen una unidad extranjera no enfrenten dificultades para circular ni sean víctimas de extorsión o fraude, mientras se emite un nuevo decreto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mientras tanto, la cancelación del decreto representa una afectación directa a la economía mexicana y, en particular, a la potosina. Hoy, miles de ciudadanos permanecen a la expectativa, con el temor de ser detenidos o extorsionados por alguna autoridad policial.
“Ahora esperaremos las consecuencias”
Lucía López/Redacción
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