“Pórtense bien”, dijo el entonces gobernador Javier Duarte a periodistas en junio de 2015.
“Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… Todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles”, dijo Duarte y muchos lo tomaron como amenaza porque en ese momento ya sumaban 13 periodistas asesinados y tres desaparecidos durante su gobierno. Ese mismo día en el municipio Medellín mataban al reportero Juan Mendoza Delgado.
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Pero no sólo dijo eso. En aquel evento de polémicas declaraciones, el gobernador dijo más:
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“Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa, lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones”.
Nombró Duarte a notarios, empresarios y funcionarios. Traspié, exceso de sinceridad, o lo que haya sido, develó un mapa de Veracruz más amplio que sólo pensar en el gobierno versus crimen, buenos versus malos. Se salió del libreto comunicacional que, hasta ese momento, su gobierno había sostenido.
Por esos días se tambaleaba ya su gestión. Periodistas habían develado redes de empresas fantasma que el gobernador, sus amigos y familiares usaron para desviar miles de millones de pesos, en teoría etiquetados para combatir la pobreza, donar a la Cruz Roja y otros fines presumiblemente nobles. Comenzaba a saberse que habían robado el dinero de tratamientos para niños con cáncer. Que algunos funcionarios habían comprado decenas de propiedades aquí y en otros países. Que la economía del estado marchaba hacia el colapso porque las finanzas públicas estaban en rojo, déficit total. Que desde las oficinas de gobierno se adjudicaban convenios millonarios en propaganda oficial sin concursos de por medio. Las famosas “licitaciones directas”.
Nadie sabe cuántos millones. Pero todos quienes fueron consultados saben que mucho del dinero era asignado para fortalecer la propaganda del estado. ¿Implicaba eso comerciales, fotos del gobernador o publicitar obras? No necesariamente. Periodistas que trabajaban entonces explican que las autoridades a veces pagaban para que se hablara bien de ellos (los políticos) fingiendo cuál era la postura editorial del medio, otras veces simplemente daban dinero como prebenda. Compraban silencio.
Hasta este momento se desconoce el monto total del dinero que se asignó para publicidad oficial en 2010-2016 pero aparecieron, al menos, dos pistas.
La primera en 2017, cuando en audiencia judicial el fiscal Julio Rodríguez Hernández dijo que fueron cerca de cinco mil millones de pesos, unos 294 millones de dólares. La segunda, casi al mismo tiempo pero muy disímil, llegó durante una comparecencia del siguiente gobernador, Miguel Ángel Yunes, ante el congreso veracruzano. Yunes dijo que “en 70 meses, el gobierno de Javier Duarte pagó dos mil 582 millones de pesos a periódicos, 152 millones a revistas, 15 millones a caricaturistas, dos mil 700 millones a televisoras, 515 millones a particulares y 280 millones de pesos en espectaculares, entre otros gastos relacionados con medios de comunicación.” Es decir, más de ocho mil millones de pesos, unos 470 millones de dólares. Casi el doble.
Empezamos esta investigación preguntando vía transparencia a la Coordinación de Comunicación Social y a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los convenios de publicidad oficial del periodo de 2010-2016. Las respuestas del estado veracruzano fueron negativas. “No se cuenta con información solicitada” y “No se encontró evidencia documental”, nos respondieron por ejemplo la jefa de oficina de Contratos y Convenios y el subdirector de Contrataciones Gubernamentales (oficios CGCS/DJ/OCC/006/2023 y SCGARA/199/2023).
Pero el silencio de las autoridades dijo mucho en su callar. Seguimos entonces la pista del mapa que abrió el propio Duarte con su pórtense bien. Donde antes había hoja en blanco fueron apareciendo cadenas montañosas que cubren el territorio con sus empresas, cuerpos de agua que reflejan redes de poder, límites claros y otros más difusos.
Encontramos un mapa.
Las empresas hacen dinero. A eso se dedican, para eso nacen, en eso ocupan sus esfuerzos.
Y aunque no acostumbramos a mirar desde esa perspectiva, resulta innegable que los medios de comunicación son empresas. En los dos significados que la palabra puede tener: son organizaciones dedicadas al lucro y son la difícil tarea de concretar un fin. La empresa diaria para que cada amanecer tengas un periódico en tus manos, con esa portada y con cada una de las palabras que contienen sus hojas. La empresa mensual de tener anunciantes, pagar sueldos o que al picar el apagador en la redacción se encienda una luz.
Como empresas, los medios de comunicación están obligados a tomar las decisiones necesarias para sobrevivir pero la particularidad de los periódicos, televisoras y radioemisoras es que trabajan con palabras, imágenes, información: contenidos indisociables de ideologías e intereses varios. Es imposible -e ingenuo- pensar que las empresas mediáticas puedan estar libres de ello, es decir, de tomar decisiones difíciles.
Imposible es también que los medios de comunicación no tengan dueños. Pero quiénes sean los dueños determina en gran medida cuáles serán los mensajes que emitan (y cuáles no). De qué hablarán, acerca de qué callarán.
Aquí es cuando la situación se complejiza. El punto gris del cruce entre la empresa y la libertad de expresión. Complejo porque es un horizonte deseable, una bandera innegociable, pero también a veces intangible (o moldeable). Aquí, en el cruce empresa-dueños-intereses, es donde todo baja de la nube de lo ideal hacia lo posible, hacia los pies en la tierra, baja a estrellarse no pocas veces.
Somos periodistas, trabajamos con medios-empresas (o en ellos) y ahora queremos mirar de otra manera. Más bien porque las empresas, la parte comercial de ellas, es tal vez una de las piezas que le faltan a nuestro rompecabezas ya que los factores hasta ahora analizados no alcanzan a explicar por completo las violencias que han costado la vida de casi 200 periodistas en México en los últimos 23 años.
Ya no alcanza con mirar sólo a la delincuencia o a las autoridades: hay un tercer factor, que es el sector privado. Existen, están ahí, son parte fundamental de la maquinaria de información, y las empresas mediáticas son parte fundamental de ese sector privado.
Para mirarlos ahora partimos de dos supuestos. Que esos medios-empresas se inscriben en tiempo y espacio: contextos. En vínculos comerciales, políticos e ideológicos con otras personas, empresas o grupos: redes. Situaciones todas determinantes porque de la forma que adquieran esas redes y los contextos en los cuales se inscriban definirán qué tan libre será el periodismo, qué tan atado y a qué.
Miramos a Veracruz durante el periodo 2010-2016 enfocando aquí en las relaciones medio-empresa. Buscamos entender mejor qué ocurrió entonces y, desde esa clave, ¿por qué no han dejado de matarnos?
Encontramos un mapa distinto al que conocíamos antes.
Topografía de la concentración
La mayoría de los medios impresos del Estado de Veracruz son propiedad de unas pocas familias. Un oligopolio disfrazado de pluralidad. En el periodo analizado, 24 periódicos, revistas y páginas de internet son editadas por empresas que pertenecen a sólo tres grupos editoriales (y familiares) cuyos accionistas y representantes legales están a su vez vinculados con una red de al menos 34 razones sociales relacionadas.
El Grupo Editorial Sánchez, propiedad de la familia Sánchez Macías, llegó a tener nueve medios en Veracruz (más uno en Chiapas y otro en Tabasco); el grupo La Voz del Istmo, de la familia Robles, al menos siete medios impresos; y el Grupo Olmeca, de la familia Álvarez Peña, al menos otros ocho medios en Veracruz (más dos en Tabasco y dos en Chiapas).
Buscamos documentos para entender cómo se conformaron y organizan esas empresas. Varias particularidades topográficas generales surgen de los 106 documentos que se cuentan en esta investigación, entre actas varias del Registro Público del Comercio y del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En primer lugar, la mayoría de las empresas que editan medios en Veracruz son sociedades anónimas de capital variable. Es decir una de las figuras comerciales más utilizadas en México porque es relativamente fácil de gestionar y permite muchos movimientos al interior: cambiar accionistas, modificar cargos internos y volumen de capital, como también permiten que sus accionistas -dueños- sean personas físicas o morales, es decir otras empresas. Una situación que utiliza por ejemplo Editora La Voz del Istmo, a su vez compuesta por otras empresas de los mismos dueños que fungen como accionistas: INBE del Istmo S.A. de C.V., Impresora La Voz del Istmo S.A. de C.V., Inmobiliaria La Voz del Istmo S.A. de C.V.
En lo que refiere a movimientos de accionistas, encontramos muchos. Cada grupo está conformado casi siempre por personas emparentadas, familiares con mismos apellidos, quienes además optan por una endogamia del trámite al utilizar en repetidas ocasiones a los mismos notarios.
Para ser más exactos, el 55% de las empresas analizadas fueron registradas sólo por cuatro notarios públicos. Francisco Javier García Gea y Juan Hillman Jiménez, también pariente de los accionistas, llevan gran parte de los documentos del grupo La Voz del Istmo. En empresas del Grupo Olmeca aparece como notario Flavino Ríos Alvarado, político priista quien fue el último secretario de gobierno del entonces gobernador Javier Duarte y quedó como gobernador interino cuando el titular se fugó.
Otra característica de las empresas de medios en Veracruz es que son negocios de familia. En general cuentan con trayectoria de varias décadas en el tema editorial-informativo, pero sorprende que las personas públicamente identificadas como dueños muchas veces no aparecen así en los registros oficiales. En lo que a documentos se refiere, por ejemplo actas de constitución de asociaciones de capital variable, esos apellidos de peso están ausentes o aparecen con identidades de hijos, sobrinos, primos, hermanos, mientras las personas públicas, aquellas a quienes todos identifican como dueños, en el papel son apenas accionistas, incluso minoritarios.
Ese es el caso del exmagistrado Edel Humberto Álvarez Peña, ausente en las conformaciones iniciales de la mayoría de las sociedades que editan medios y pertenecen a su familia, sólo públicamente accionista en Novedades del Golfo S.A. de C.V., de acuerdo a documentos hallados. Sin embargo, los nombres que sí aparecen muestran que la línea fronteriza entre lo público y privado es delgadísima: su esposa, sus hijos y su hermano son los dueños en los papeles.
Por otra parte, así como casi todas las empresas son sociedades anónimas de capital variable, sorprende que prácticamente ninguna tiene por “objeto social”, es decir actividades comerciales autorizadas, editar medios de comunicación. Es decir, ninguna se dedica exclusivamente a eso.
Algunas lo mencionan, como las empresas del Grupo Editorial Sánchez, que tienen idéntico objeto social en prácticamente todas sus sociedades, pero otras apenas lo incluyen en el inicio de una extensa -y muy diversa- lista que siempre incluye compra-venta de bienes inmuebles y celebrar diversos tipos de contratos. Declaran como sus actividades principales situaciones de lo más diversas y disímiles de la edición de noticias.
Por ejemplo, Infosur S.A. de C.V. (FME 3072), empresa creada en 2001 que edita el Diario Acayucan define el objeto de su negocio como compraventa y suministro, distribución, importación, exportación, mantenimiento, fabricación y proveeduría de “cualquier equipo eléctrico, electrodoméstico, electrónico equipo de cómputo (…) de aire acondicionado (…) plantas de emergencia (…) sistemas de alarmas (…) todo tipo de agregados, acabados, pinturas y materiales para la construcción (…) artículos de papelería, bienes muebles e inmuebles (…) compra y renta de membresías en clubes deportivos culturales y sociales (…) telemarketing (…) vehículos y maquinaria (…) servicio de televisión por cable”, entre otros. Apenas en 2020 agregaron a su objeto la “elaboración, impresión y venta de periódicos, revistas y cualquier clase de medio de comunicación o publicidad impreso y digital”.
Y si el objeto social representa las actividades comerciales que las empresas declaran ante las autoridades que son capaces de hacer y para las cuales solicitaron aval legal, ¿cómo interpretar que quienes editan medios no declaren que editan medios? Objetos sociales con errores de tipeo, ortografía, mal cortado-pegados, pero sobre todo de tal amplitud que resultan carta abierta para cualquier tipo de negocios, no sólo medios de comunicación.
Grupo Olmeca-familia Álvarez Peña
El Grupo Olmeca edita al menos 12 medios de comunicación, ocho de ellos en Veracruz, dos en Tabasco y dos en Chiapas. Con sólo mencionar alguno de los periódicos, enseguida en Veracruz surge el nombre de Edel Humberto Álvarez Peña.
Con información Proceso
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