Las fotos circularon profusamente en redes sociales violando el sigilo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes inició una investigación por la filtración y difusión de imágenes de los cuerpos sin vida de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves en su residencia.
La apertura de la carpeta de investigación se dio luego de la indignación expresada por colectivos de la comunidad LGBTIQ+ ante la publicación de fotografías de los cadáveres, además del certificado de defunción de le magistrade.
“Se abrió carpeta de oficio CI/AGS/30817/11-23 por las fotos que se filtraron y andan circulando en redes sociales, así como el certificado de defunción”, reportó la fiscalía en un comunicado.
Foto: Cuartoscuro
Las fotos circularon profusamente en redes sociales violando el sigilo de la investigación.
La Fiscalía de Aguascalientes ha asegurado que Dorian Daniel supuestamente asesinó a su pareja sentimental y después se quitó la vida, todo con navajas para afeitar.
Esta versión de los hechos ha sido rechazada por familiares y conocidos de Ociel Baena, así como por colectivos de la comunidad LGBTIQ+.
“Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, en ellos no existía la maldad… es falso eso, ellos acaban de llegar de su viaje de Oaxaca, nosotros hablamos con ellos llegando del aeropuerto, estaban contentos los dos… no es cierto, mis papás siempre estaban al pendiente de ellos”, aseguró la hermana de le magistrade durante el velatorio.
De igual forma, la activista Majo Flores, presidenta de APPS Puebla, señaló ante medios que en las fotos se ve que Ociel Baena tiene una navaja en la mano izquierda, siendo que su mano dominante era la diestra.
Foto: Cuartoscuro
La filtración viola el Artículo 183 del Código Penal Estatal, que establece sanciones de hasta 3 años de prisión por difundir cuerpos sin vida sin autorización de las familias o autoridades.
Además, el Artículo 225 del Código Penal Federal, conocido como Ley Ingrid, sanciona delitos contra la administración de justicia, especialmente la filtración de imágenes de víctimas de violencia.
La Ley Ingrid surgió por el caso de Ingrid Escamilla, una joven víctima de feminicidio cuyas imágenes gráficas fueron filtradas a los medios de comunicación y circuladas ampliamente en redes sociales en febrero de 2020. La indignación derivó en la creación de un marco legal más estricto para sancionar la difusión no autorizada de imágenes explícitas de víctimas de crímenes violentos.
Con información Aristegui Noticias
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