El asesinato del padre marcelo evidencia que el tejido social y el gobierno de Rutilio Escandón quedaron rebasados por el crimen organizado, afirman expertos, religiosos y ONG.
El homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los pueblos originarios y mediador entre autoridades y grupos delincuenciales en Chiapas, evidencia la escalada de la violencia en la entidad.
Así lo consideraron el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, y organizaciones como el Centro Prodh, quienes indicaron que las instituciones y autoridades en esa entidad han quedado rebasadas por los grupos del crimen organizado.
La crisis de inseguridad que atraviesa Chiapas, la cual, de acuerdo con expertos, se ha agravado bajo el mandato del gobernador Rutilio Escandón, deriva de la disputa entre grupos del narcotráfico por el control de un corredor estratégico que corre desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Entre las células criminales que se disputan la plaza chiapaneca destacan el Cártel de San Juan Chamula, Los Motonetos y Los Herrera.
Grupo Imagen constató la situación en San Cristóbal de las Casas, donde Los Motonetos imponen su dominio a través del miedo.
Escandón hace oídos sordos a narcodisputa; la situación se ha ido agravando en su gobierno
Los cárteles de la droga mantienen una lucha por el control del corredor que conecta desde Sudamérica hasta EU.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.— Chiapas atraviesa una profunda crisis de inseguridad derivada de la disputa entre cárteles del narcotráfico por el control de un corredor estratégico que conecta Sudamérica y Centroamérica, atravesando México hacia Estados Unidos.
Este corredor es una vía crucial para el crimen organizado, ya que genera miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través del tráfico de drogas y personas, secuestro de migrantes y el cultivo de coca en la frontera con Guatemala.
No es un secreto que la situación se ha agravado bajo el mandato del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señalado de complicidad con estos grupos criminales, como lo da ha conocer el periodista y experto en temas de seguridad nacional Jorge Fernández Menéndez.
“Es evidente que hay relación, además denunciada por los propios cárteles del gobernador Rutilio Escandón y de su equipo de seguridad con el crimen organizado, la propia presidencia que ha tenido el gobernador Rutilio Escandón ante la crisis, ya muy prolongada de Chiapas a partir de ya 2-3 años, una crisis terrible demuestra esa complicidad”.
Agregó que están los datos de sus mandos de Seguridad Pública ligados con los grupos criminales, quienes pagan por tener sus privilegios con el consentimiento de la autoridad estatal.
“Hay distintas formas de corrupción, una de ellas es dejar hacer, dejar pasar, y se ha llevado Chiapas que con todos sus problemas hace 6 años era un estado con relativa calma y con una seguridad pública relativamente buena y hoy está en las peores posiciones. Hoy, Tapachula ya es por percepción de inseguridad la ciudad más insegura del país”, dijo.
En este escenario de violencia, los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa han fortalecido alianzas con organizaciones locales e internacionales, como las Maras y los Huistas de Guatemala y El Salvador, para controlar varias comunidades chiapanecas mediante la extorsión, despojo de tierras y cobro de piso.
Entre los grupos que se disputan centímetros de tierra chiapaneca, destacan El Cártel de San Juan Chamula, Los Motonetos, Los Herreras, Los Machetes y El Maíz.
Grupo Imagen constató la grave situación de San Cristóbal de las Casas, donde Los Motonetos, una de las facciones criminales que controlan la zona norte del mercado de este municipio, imponen su dominio a través del miedo.
Los comercios han sido cerrados y con circulares exigen el pago de cuotas para poder operar. Desde la llegada del equipo de Grupo Imagen fueron seguidos por jóvenes vestidos de negro, quienes monitoreaban cada uno de sus movimientos a través de WhatsApp.
Los Motonetos, compuestos por jóvenes de no más de 25 años que reciben un salario semanal de tres mil pesos, están involucrados en delitos como la trata de personas, prostitución, etnopornografía (especialmente con mujeres indígenas), cobro de piso y homicidios.
Para Eduardo Villatoro Ramos, presidente de la Canaco San Cristóbal de las Casas, la violencia extrema que se vive en este pueblo mágico traspasa los comercios, hoteles y todo tipo de establecimiento mercantil.
“No sólo en el sector turismo, sino en el comercio, la gente siente incertidumbre de qué es lo que va a pasar. No te podría decir un porcentaje de cuánto ha caído, sí es notorio, en la economía local, por lo menos en lo que corresponde a San Cristóbal. Sí es muy notorio, hay muchas quejas de los empresarios, se habla de que cierran hoteles”, dijo.
Un claro ejemplo de los crímenes más impactantes fue el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, un defensor de los derechos de los desplazados en Chiapas, perpetrado por Los Herreras, un grupo de gatilleros cuyas edades no superan los 22 años.
Esta muerte hizo reaccionar a la Iglesia católica a través de monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario de la CEM, quien a través de un video pidió a los tres niveles de gobierno combatir la violencia de la entidad.
“Este acto de violencia no sólo afecta a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sino que hiere a toda la iglesia en México. A la sociedad en su conjunto, especialmente en una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado, hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles de gobierno para redoblar esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que aflige a la región de Chiapas”.
La violencia no distingue cargos ni posiciones, esta misma semana, Mario Hernández Aguilar, alcalde de Chilón, sufrió un atentado en Yaalton, a sólo tres semanas de haber asumido su cargo.
Estos hechos violentos son una constante en la región donde ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez son consideradas por la ciudadanía como las más inseguras, según la Ensu.
Con información Excélsior
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