Expertos advierten que el nuevo acueducto de la Presa Solís a la ciudad guanajuatense impactará en el reparto hacia el lago, que abastece a Guadalajara.
En la pasada administración de López Obrador se terminó de construir la Presa El Zapotillo con dos novedades: la cortina se quedó en 60 metros de altura para no inundar los poblados alteños y el agua será solo para Jalisco. No se dará a León, Guanajuato, como se proyectó originalmente.
Sin embargo, ahora viene una amenaza para Jalisco: la construcción de un acueducto desde la Presa Solís hacia León es uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del Gobierno de Claudia Sheinbaum, con la intención de abastecer entre dos y 3.5 millones de habitantes de la ciudad guanajuatense y otros municipios del corredor industrial.
¿Por qué amenaza a Jalisco? Porque existe un acuerdo que ordena que, cuando la Presa Solís se llena, debe desfogar hacia el Lago de Chapala, convirtiéndose en un aportador importante para el vaso lacustre, que abastece a más del 60% de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. Y, en un periodo de sequía del lago, la situación sería crítica para Jalisco.
El Gobierno de Guanajuato está difundiendo la obra sin consultar a los usuarios ni a los Estados involucrados en la región hidrográfica.
La Presa Solís es la más grande de la Cuenca Lerma-Chapala. Por eso expertos señalan la importancia de revisar los números para garantizar que no se alterará la fórmula de reparto.
Miembros de la Asociación Mexicana de Hidráulica remarcaron ante el secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, y el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, la urgencia de que se reponga el trabajo del grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de la Cuenca para revisar el tema.
Rodrigo Flores Elizondo, investigador del ITESO, advierte: el ingreso de León complicará y limitará el reparto actual hacia Chapala.
Fernando Rueda, consultor hidráulico, recuerda la relevancia del acuerdo a favor de Chapala y cuestiona la falta de claridad sobre la extracción desde la Presa Solís hacia León. Urge a mesas de trabajo con autoridades.
Por su parte, Ernesto Marroquín Álvarez aceptó la incertidumbre en la que se encuentra el Gobierno de Jalisco.
“Podríamos pensar que (el acuerdo de distribución) está frágil. Nos preocupa”. Añade que han solicitado a la Comisión Nacional del Agua que presente el proyecto a favor de León y los efectos contra Jalisco.
Con el acueducto se prevé dotar de 3.8 metros cúbicos por segundo a León. Eso representa la mitad de lo que Chapala aporta a la Zona Metropolitana de Guadalajara, en promedio.
Juan Pablo Macías, especialista en gestión de recursos hídricos, explica: “(El acueducto) implica que León y Guadalajara estén en igualdad de condiciones jurídicas para exigir y asegurar el suministro para su población”. Por lo tanto, de no llegar a sus niveles máximos, y junto al abasto hacia León y ciudades del Bajío, la Presa Solís no tendría excedentes de agua para Chapala, poniendo en riesgo parte de su nivel.
El pasado 18 de julio, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, anunció el primer avance del proyecto, con la construcción de los primeros 10 kilómetros en este año.
Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, urge a que se tecnifique el Distrito de Riego número 11 para aprovechar los ahorros para las ciudades de Guanajuato y, posteriormente, revisar los acuerdos de distribución de la Cuenca.
Los especialistas llaman al gobernador Pablo Lemus a levantar la voz.
Alertan por nuevo acueducto que podría afectar Chapala
La solución que tomó el Gobierno federal para no afectar a los vecinos de Los Altos de Jalisco con la extracción de agua desde el Río Verde hacia la ciudad de León, Guanajuato, y al tiempo, preservar los derechos de ésta, la principal conurbación de El Bajío, fue aprobar la construcción de un acueducto de 140 kilómetros desde la Presa Solís, la mayor de la Cuenca del Río Lerma, para compensar la cancelación de la obra desde la Presa El Zapotillo, pero sin consultar a usuarios y Estados involucrados en la región hidrográfica. Esto revela que hay riesgos latentes sobre el modelo de distribución de agua, en eventual perjuicio del Lago de Chapala.
Expertos locales señalaron la importancia de revisar los números para garantizar que no se alterará la fórmula de reparto.
Los miembros de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), reunidos el pasado 18 de julio en la ribera del lago, en su tradicional asamblea anual para el pronóstico de recuperación del mayor embalse natural del país, subrayaron ante el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, y del delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, la urgencia en que se reponga el trabajo del grupo de seguimiento y evaluación del consejo de cuenca Lerma-Chapala, el mismo que empujó hace 21 años el acuerdo vigente que ha permitido a Chapala sortear las crisis de almacenamiento, en beneficio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, su principal usuario.
Fernando Rueda Lujano, consultor hidráulico y miembro de la AMH, quien fungiendo como asesor de la Comisión Estatal del Agua, trabajó a comienzos de siglo en empujar un acuerdo que diera certidumbre al lago, tomó la palabra durante la reunión y, destacó la relevancia del acuerdo consolidado hace dos décadas, que mantuvo hasta hoy a Chapala en niveles aceptables, y en contraste, lamentó la falta de claridad sobre el modo en que la extracción de 120 millones de metros cúbicos anuales (3.8 m³ por segundo) para León, no alteraría la ecuación de distribución, cosa especialmente delicada ante el déficit que registra la cuenca, superior a 700 millones de m³ anuales.
El planteamiento es que se abran nuevamente mesas de trabajo. “Al delegado de la Conagua le dijimos que ojalá que se retomara el grupo de ordenamiento de distribución y que durante el tiempo que fuera necesario nos reuniéramos para volver a revisar cuál sería el impacto de que León tome esa agua de la cuenca”, subrayó.
Porque están en juego los intereses de todos los usuarios de la cuenca, y entraña un desafío especial para los intereses de Guadalajara, dado que la Ley de Aguas Nacionales establece la prioridad del “uso público urbano” sobre otros usos, como el agrícola y el ganadero. Agua que hasta ahora tiene la etiqueta de uso agrícola se puede cambiar de caracterización jurídica, y así, los derechos de dos de las principales seis ciudades del país podrían entrar en colisión ante la posibilidad de una sequía prolongada, claramente posible en un escenario de cambio climático.
Exageran sus necesidades de agua
El presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, y uno de los principales impugnadores del acueducto El Zapotillo-León, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, advierte que el agua sí es suficiente, pero se debe vigilar el cumplimiento de los acuerdos.
“Jalisco debe estar muy atento en el sentido de que existe un documento, un programa estatal hídrico de hace aproximadamente 10 años que elaboró la Conagua y el gobierno de Guanajuato, en el sentido de las opciones que tiene la ciudad de León o el estado para recuperar volúmenes. Dice ese documento que, respetando los volúmenes concesionados, se pueden rescatar 484 millones de m³, de donde salen perfectamente los 120 millones de metros cúbicos que se reservaron para León”. Hay que pasar por aumentar la tecnificación del riego y mejorar los sistemas urbanos.
“Yo creo que Jalisco debe tener mucho cuidado en esa revisión de acuerdos y que no quieran modificar los volúmenes que están para garantizar un nivel mínimo en el lago de Chapala. No debería afectar ninguna actividad productiva; la ciudad de León tiene un abasto de 98.9% y lo que hace falta se resuelve con infraestructura”. Ahora le tocará a Conagua asegurar la distribución en crisis severas.
Jalisco advierte afectación al acuerdo del Lerma por obra a favor de León
El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, reconoció la incertidumbre en que se encuentra el propio Gobierno de Jalisco. “No sé cómo estén las cuentas, pero hay un acuerdo ahí que también podríamos pensar que está frágil; es un tema que nos preocupa, porque está el acuerdo de distribución del Río Lerma que data del 2004 y que después se convirtió en decreto, y se puede ver muy claramente que sí funcionó, es realmente un caso de éxito haber alcanzado un acuerdo de esta naturaleza en México y obviamente nos preocupa que cambie, pero tampoco puedo asegurar de qué forma va a afectar o no, porque no conozco el proyecto”.
Indicó que ya han solicitado a la Conagua “para que nos presentara el proyecto y que nos sentáramos a revisar qué efectos pudiera tener esta nueva obra desde la Presa Solís, porque obviamente nos preocupa el balance hídrico que hasta hoy hemos podido manejar y ha mantenido a Chapala, pues a niveles aceptables”.
El funcionario señala que dependerá de las cuentas y de la fórmula de reparto para saber si se requiere renegociar el acuerdo.
“Nosotros vemos difícil que se pueda mantener el equilibrio o que se pueda mantener el acuerdo”, señaló con escepticismo.
El acueducto Solís-León es uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024-2030. La obra abastecerá de agua a León y a otros municipios del corredor industrial de Guanajuato, desde la Presa Solís, enclavada en Acámbaro. El acueducto proyectado se extiende en una longitud de 140 kilómetros y tendrá capacidad para transportar hasta 4,000 litros de agua por segundo. León tiene casi dos millones de habitantes. El Gobierno de Guanajuato ha estado difundiendo que esa obra comenzará a ejecutarse en septiembre de 2025.
Por su parte, el ex funcionario de la Conagua y del Gobierno de Jalisco, Carlos Hernández Solís, quien también participó en la negociación del convenio de 2004 y ahora asesora al Consejo Consultivo del Agua, un órgano técnico de extracción empresarial, ponderó: “Los de León podrían estar negociando con agricultores el agua de algunas concesiones, y podría ser algo válido. Sin embargo, como el uso público urbano es prioritario, las reglas a aplicar cambian: en un año de sequía, de acuerdo al decreto que se publicó en 2014, los agricultores pueden verse obligados a renunciar al riego hasta en 50% de la superficie de irrigación, pero una zona urbana no será sacrificada por tener prioridad”.
Con información de El Informador.
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