Especialistas del sector. Una mala implementación y aplicación del programa federal pueden generar mayores costos y hasta desincentivar la competencia.
El programa de precios de garantía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el potencial de beneficiar a los pequeños productores que están en condición de pobreza, pero de no ser bien aplicado, a largo plazo puede presionar la inflación, generar mayores costos a los sectores y desincentivar la competencia, advirtieron diversos especialistas.
En entrevista, Francisco Javier Núñez, ex comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), señaló que aunque falta conocer a detalle los puntos del programa, éste puede causar daños a la economía del país si no es bien implementado. “No está claro cómo actuará este programa.
Por ejemplo, en el tema del maíz el gobierno comprará cosechas a 5 mil 600 pesos, cuando en el mercado el precio está en 4 mil, entonces ¿qué hará Segalmex con esas cosechas que compre? Supongamos que sale a venderlas, pero nadie se las comprará porque están a sobreprecio”, explicó.
Aunque aún hay que esperar a conocer las reglas de operación del programa, lo que el especialista prevé es que el gobierno comprará el maíz a un precio caro y lo tendrá que vender barato, por lo que perderá dinero.
En este sentido, advirtió que si no se lleva con cuidado, este programa puede caer en un fraude: “El principal problema será cómo prevenir que haya esquemas fraudulentos de gente que compre, por ejemplo, el maíz barato y lo venda caro, y que no sean lo beneficiados a los que está destinado este programa”.
Señaló que otro problema está por el lado de la demanda, es decir, en cómo hacer que algún privado compre maíz a 5 mil 600 pesos cuando en el mercado vale 4 mil, “no puedes obligar a los grandes consumidores a que te lo compren caro. La única manera es que se limiten las importaciones de grano, pero eso generará que se encarezcan los costos de industrias”.
Los precios de garantía son el valor mínimo de adquisición para productos agropecuarios que el gobierno garantiza a los productores. Productores contentos Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm), indicó que para los productores pequeños y medianos son bienvenidos los precios de garantía: “Nos da confianza y seguridad que nuestra producción tendrá mercado y un precio seguro”.
El representante del sector confía en que este programa no generará inflación en los derivados del maíz y tortilla; sin embargo, aceptó que no implementarse de buena manera pueda pegar en el bolsillo de los consumidores, incrementando, por ejemplo, el precio de la tortilla hasta en 20 por ciento.
“La principal preocupación es que no se cuente con los recursos necesarios para atender la demanda que los sectores necesitan y ese programa termine siendo una simple promesa que nos lleve a desincentivar la producción, aumente la importación y que los recursos vayan con quien más tiene y no con con quien los necesita”, señaló.
Al ser cuestionado si este programa viola la ley de competencia, el ex comisionado de la Cofece explicó que la norma indica que para que el ejecutivo pueda fijar precios se requiere de un dictamen y resolución de la Cofece, celebrando que en esos mercados no hay condiciones de competencia, y entonces, la Secretaría de Economía tiene que definir los precios.
El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México, Pedro Alejandro Díaz, indicó que el programa no aumentará los precios al consumidor si el gobierno lo norma bien. Agregó que los industriales del arroz no tienen por qué subir el precio y eso tiene que ser muy vigilado por el gobierno.
El dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González, señaló que para su sector lo más importante es que el gobierno está reconociendo los costos de producción.
Sin embargo dijo que el problema es que Liconsa tiene un padrón de compras reducido: “Estimamos que hay 150 mil productores, y de esos, mil son dueños de sus plantas, como Lala o Alpura”. Juan Carlos Arizmendi, miembro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, dijo que para los productores de frijol el programa es positivo, aunque falta ver que realmente beneficie a estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua.
“Damos nuestro voto de confianza a las autoridades para que sepan detonar eficientemente estos programas”, señaló el líder del organismo.
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