Especialistas indican que la propuesta se quedaría “corta” ante las presiones que ejercen sobre las finanzas públicas el gasto, la deuda pública y el endeudamiento de Pemex.
Si bien fue bienvenida la reforma fiscal anticipada por Raquel Buenrostro, jefa del SAT, para simplificar el pago de impuestos y dar mayor certeza jurídica, la propuesta no es integral y se quedaría “corta” ante las presiones que ejercen sobre las finanzas públicas el gasto, la deuda pública y el endeudamiento de Pemex, coincidieron expertos consultados por El Financiero.
Luis Foncerrada, economista en Jefe de Amcham México, sostuvo que el gobierno debe ir “más allá” de una miscelánea fiscal y pasar por el respeto al Estado de derecho, certidumbre, apoyo a la infraestructura y deducción inmediata de inversiones, lo que se puede lograr aun sin hacer cambios radicales en la estructura tributaria.
“El reforzamiento de la fiscalización es importante para evitar la evasión y elusión, pero una reforma fiscal integral profunda debería tener varios aspectos: un tratamiento para Pemex por su alta deuda, revisión al IEPS en algunos productos y también debería pasar por un Estado de derecho y fuerte certidumbre a contribuyentes”, afirmó el especialista.
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servytur, señaló que la simplificación y facilitación del pago de impuestos es bien visto por el sector privado, sin embargo, se deben agregar medidas para combatir la informalidad y hacer deducibles totalmente las prestaciones laborales
“La visión debe ser integral. Aunque la atención por recaudación la centre la autoridad recaudatoria en los mayores contribuyentes, no hay que olvidarse de buscar mecanismos para disminuir el uso del efectivo, ni de la trazabilidad de transacciones con el intercambio de facturas y encontrar programas para ampliar la base de contribuyentes”, sugirió.
Félix Boni, director general de análisis de la calificadora HR Ratings, consideró que el anuncio de las autoridades de una reforma fiscal es positivo para el país y resaltó que el Gobierno planea reducir la evasión con esta reforma, pues la Secretaría de Hacienda ha puesto especial interés en este tema desde el año pasado.
“Es positivo, ojalá que puedan conseguir el incremento en ingresos que quieren. Es positivo en el sentido de que no implica incrementos en las tasas (impositivas), más bien en la recaudación”, destacó.
Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), consideró que falta una revisión más a fondo de la estructura fiscal y de la generación de un ambiente general para promover la inversión, ya que se requieren acciones concertadas en otros temas que coadyuvan con el tema fiscal.
“Estamos viendo de manera positiva los anuncios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero no es suficiente para promover una reactivación sólida de la inversión, necesitamos medidas más contundentes”, sostuvo.
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Meta es viable, pero insuficiente
Alejandra Macías, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que las medidas de fiscalización que vendrían con la reforma fiscal son positivas para aumentar el espacio fiscal.
Sin embargo, consideró que los 200 mil millones de pesos que se esperan recaudar con la reforma no cumplen con las promesas de gasto público.
“Lo que se piensa ganar con la reforma no va a ser suficiente para cumplir con todas las promesas de gasto como son los subsidios a programas, esto además de los gastos ineludibles como pensiones. Si ponemos los 200 mil en perspectiva, no cumplen con los requerimientos de gasto para los programas universales como la pensión para personas adultas mayores”, expresó.
Ejemplificó que lo que se logre recaudar por la reforma, prácticamente “se lo comería” el gasto en pensiones y deuda, que son dos rubros de gasto que hacia 2024 alcanzarían el 10 por ciento del PIB.
En 2021 fue aprobado un presupuesto de 756 mil 376 millones de pesos para 78 programas presupuestarios que son prioritarios para esta administración; para 2022, Hacienda prevé un presupuesto “deseable” para esos programas por 888 mil 600 millones de pesos, lo que implica un aumento de 132 mil 224 millones de pesos.
Con información El Financiero