Son las que más polémica han causado o que han tenido un apoyo mayoritario en el Legislativo; algunas han enfrentado controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Generadoras de un debate entre diversos sectores involucrados, motivantes de pugnas, acusaciones y hasta de acciones de inconstitucionalidad y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2021 nacieron en medio de la polémica y todavía están en litigio y dos surgieron con la esperanza de atenuar aristas de violencia.
Desde el 1 de febrero del 2021, al iniciar el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura y hasta el 15 de diciembre del 2021, al concluir el primer periodo ordinario de la LXV Legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 82 decretos de reformas legales, nuevas leyes, cambios a la vida interna del propio Poder Legislativo, entregas de reconocimientos y declaraciones de días específicos para visualizar algún tema.
Pero entre ese universo de 82 decretos destacan 13, porque los temas que abordan despertaron el interés general de quienes están inmersos en los sectores que tocan o porque son parte de demandas sociales históricas, como ocurrió con tres de ellos.
Uno de ellos es la reforma legal que se conoce como la Ley Olimpia, que lleva a nivel federal el castigo para quien vulnera la intimidad de una persona y la exhibe en redes sociales u otros medios electrónicos y digitales. Surgió a partir de la lucha de una joven, Olimpia, víctima de un exnovio y que logró abrir la brecha para que se visualizara este fenómeno propio de un mundo cada vez más digitalizado.
El segundo es la reforma para prohibir el uso de animales en la industria cosmética, porque se trata de una demanda social en apoyo a los seres vivos que son usados con crueldad, insalubridad y todo tipo de maltratos, sin que hubiera un castigo para sus perpetradores.
Y el tercero es la nueva Ley General de Educación Superior, que, a pesar de que no fue explícitamente una demanda del sector, su construcción sí se pactó con la opinión de las instituciones de educación superior de todo el país, y aunque carece de los fondos necesarios para hacerse plenamente una realidad, conservó el principio constitucional de respetar de manera absoluta la autonomía de las instituciones educativas, tanto para decidir su mapa curricular como la libertad de cátedra y la forma de administrar sus recursos.
Los otros 11 decretos fueron parte de propuesta de oficialismo y que enfrentaron el rechazo de diversos sectores, aunque eso no provocó que se cancelaran; por el contrario, a pesar de las críticas, son hoy una realidad en el orden jurídico nacional.
EL PLEITO DE LOS POLÍTICOS
La Ley Federal de Revocación de Mandato surgió en medio de una fuerte polémica. El Presidente de la República quería que este marco jurídico fuera una realidad antes del Informe de gobierno del 1 de septiembre. Pero Morena, el partido en el poder federal, no tiene los votos suficientes para formar la mayoría calificada que permitiera a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a una sesión extraordinaria de las Cámaras y así aprobar la nueva ley.
La oposición cerró filas para no permitir el voto que le hacía falta a Morena. Hubo un primer intento, el 18 de agosto. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pactó con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que facilitara la aprobación del Extraordinario; por eso, la emecista Gabriela Medina, diputada federal, se ausentó, lo cual iba a permitir que el bloque oficialista tuviera los votos necesarios, pero también se ausentó el senador petista Joel Padilla y eso frustró el plan.
Se intentó una segunda vez, pero el líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pidió que las dos diputadas de MC, Fabiola Loyola, y su suplente, Gabriela Medina, se presentaran de inmediato en la Permanente y acudieron. Así, el bloque opositor tuvo los votos completos y aunque el bloque oficialista también tuvo todas sus asistencias, le faltó un voto para lograr el extraordinario.
Sólo unos días después nació la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya en el periodo ordinario.
A LA CORTE
Excélsior reveló que, en los primeros tres años de la mayoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, se han presentado 58 controversias constitucionales y 31 acciones de inconstitucionalidad, entre ellas 17 nacidas en las entrañas del propio Poder Legislativa, pero cuatro de ellas fueron impugnadas en este año: la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; la reforma a la Ley de Hidrocarburos; el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Las reformas a las leyes de la industria energética mexicana no sólo están impugnadas en la Corte por senadores de oposición, sino que enfrentan cientos de emparos promovidos por los ampresarios del ramo.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular fue impugnado por los senadores, así como por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai)
Y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue controvertida por el Poder Legislativo y hasta el momento es la única que se ha resuelto, en favor de la petición de la oposición, pues reclamó como inconstitucional el haber incluido un artículo transitorio para ampliar el periodo de gobierno de los integrantes de la Judicatura Federal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esos cuatro decretos nacieron en medio de la polémica. Las relacionadas con la industria energética tuvieron foros de consulta organizados por la Cámara de Diputados, pero, a pesar que los expertos alertaron de visos de inconstitucionalidad, la Cámara no le cambió “ni una coma”, como pidió públicamente el Presidente de la República.
Y al llegar al Senado, los legisladores del bloque oficialista decidieron darles un trámite rápido y avalarlas en sus términos.
Para el caso del padrón de los usuarios de teléfonos celulares hubo peticiones expresas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la imposibilidad presupuestal y operativa que tiene para hacerse cargo de este padrón; además, los empresarios del ramo hablaron de su inutilidad.
Pero lo más relevante fue la alerta que dieron diversas organizaciones sociales sobre el riesgo de permitir que cientos, miles de personas puedan recaban datos biométricos de los mexicanos, porque se pone en riesgo su identidad; por eso el Inai impugnó la reforma.
En el caso de la Ley que rige al Poder Judicial, nació en un contexto de gritos y reproches de los senadores de opisición en contra del mayoriteo de Morena, amén de acusar un albazo, dado que el agregado de su artículo trasitorio no fue avisado con tiempo, aunque sí en la sesión del pleno correspondiente.
Con el estigma de tratarse de una trampa, en la Cámara de Diputados la avalaron, sin escuchar las horas de participación de la oposición y del morenista Porfirio Muñoz Ledo, que alertaron de los riesgos de inconstitucionalidad de ampliar el mandato del presidente de la Corte.
NEGOCIACIÓN POLÍTICA
Además, hubo otras cuatro reformas que generaron mucha actividad en redes sociales, por las críticas que despertaron y dos de esos casos fue necesario un acuerdo político para que pudieran hacerse realidad: outsourcing y Ley de la Fiscalía General de la República.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, para terminar con la subcontratación abusiva, requirió de meses de negociación, porque los empresarios alertaron que se trata de un modelo que no debe desaparecer, frente a la insistencia de sindicatos y gobierno federal de desaparecerlo.
Fue aprobada después de una negociación directa de los empresarios con el Ejecutivo federal y entró en vigor plenamente el 1 de septembre pasado. Los datos económicos conocidos recientemente muestran una disminución en plazas de trabajo, como efecto de esta decisión legislativa, pero también existen datos que demuestran que por primera vez, en este diciembre, no se usó el despido temporal para evitar el pago de prestaciones a los empleados.
La nueva Ley de la Fiscalía General de la República generó una intensa polémica, por la decisión de quitarle la responsabilidad de acudir a los diferentes grupos de trabajo interintitucional que atienden delitos específicos, como la violencia contra las mujeres, la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas.
Logró aprobarse luego que los grupos de la sociedad civil y los llamados colectivos de víctimas empujaron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación, para que no se desatendiran esos temas tan sensibles.
La reciente reforma para declarar todos los espacios públicos y privados como ciento por ciento libres de humo y emisiones de tabaco, así como prohibir la publicidad estuvo a punto de quedar para el próximo periodo ordinario de sesiones, pero el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, presionó públicamente al Senado, incluso acusó a un senador perredista de tener nexos con la industria tabacalera, para que no se bloqueara.
Y la reforma que permite al gobierno federal enajenar bienes vía las rifas provocó críticas públicas de diferentes grupos sociales, pero Morena y sus aliados políticos se mantuvieron firmes para no modificarle nada.
Con información de Excelsior
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