La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una denuncia penal en contra de elementos de la Marina, de la Policía Federal, la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) y contra Tomás Zerón ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, por investigar indebidamente el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el periódico Reforma, también fueron acusados Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, y Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.
La CNDH informó el pasado martes que interpuso seis denuncias penales en contra de 235 funcionarios que intervinieron en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De los servidores públicos denunciados, 116 están acusados de actos u omisiones en la investigación, mientras que 119 por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, informó José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la CNDH.
Trinidad Larrieta también reveló que anteriormente, la CNDH había denunciado a un agente ministerial de la SEIDO, por haberse negado a asentar en actas la declaración de un testigo que señalaba la participación de los dos policías federales en los hechos de Iguala.
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Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que recalcule la indemnización correspondiente al daño causado a los jóvenes integrantes del equipo de futbol los “Avispones de Chilpancingo” que fueron víctimas durante el ataque y posterior desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
Para ello, dijo la SCJN, la Comisión Ejecutiva no deberá de tomar asuntos similares como parámetro “ya que cada casos es distinto y con diversos parámetros”.
El dictamen ocurre después de que algunas de las víctimas del caso exigieran a la CEAV una reparación del daño.
El caso llegó hasta la Suprema Corte luego de que existiera “un desacuerdo en cuanto al monto de compensación subsidiaria fijado entre algunas de las víctimas y la CEAV”.
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Mediante un comunicado, la SCJN detalló que “el Alto Tribunal determinó que la compensación subsidiaria es un instrumento generado en favor de las víctimas de delitos que, por cuestiones fácticas no puede ser reparados directamente por el responsable del delito, y para que ello no implique que se les deje en estado de indefensión, el Estado es quien otorga una compensación proporcional a la gravedad del daño sufrido”.
En el comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalla que “se debe considerar respecto al daño moral: el tipo de derecho o interés lesionado; la magnitud y gravedad del daño; las afectaciones derivadas del hecho victimizante; el nivel económico de la víctima; otros factores relevantes del caso, como es la pertenencia a algún grupo vulnerable; y que el monto respectivo debe ser apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido».
Sobre la reparación del daño físico, la SCJN detalló que se debe atender la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido; las circunstancias y características del delito; y que el monto respectivo sea apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, para lo cual se deberá tomar en cuenta el dictamen pericial médico que deberá integrarse al expediente.
Las acusaciones de tortura en el Caso Ayotzinapa
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Las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, arrojaron 72 casos de violaciones a las garantías de los inculpados; de los cuales ocho son por tortura y el resto por otras violaciones.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en 2018, los acusados que han sido víctimas de tortura son: Carlos Pascual Cervantes, David Cruz, Eury Flores, Felipe Rodríguez, Francisco Lozano, Gabriel León, Gilberto Parra y Gildardo López.
En tanto, otras 28 personas recibieron tratos crueles, entre ellas: Carlos Canto Salgado, de quien circuló un video en redes sociales en el que se aprecia como es interrogado mientras se le coloca una bolsa de plástico en la cabeza.
Canto Salgado, profesor de secundaria, casado, con un hijo y dueño de un bar, fue detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de haber participado en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández, “El Pato” como le apodaban, fue cruelmente torturado física y psicológicamente por elementos de la Marina y de la Policía Federal, pero fue la amenaza de que violarían a su esposa frente a él, lo que terminó por llevarlo a acceder a confesarse culpable de pertenecer al Cártel de los Guerreros Unidos y de haber tenido conocimiento de algunos hechos vinculados con la desaparición de los estudiantes.
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Otro de los imputados es Cruz Hernández, alias “El Chino”, quien fue detenido el 9 de octubre de 2014, por 11 elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
El detenido, quien fue elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Guerrero, señaló que después de su captura, “le sumergieron la cabeza en una cubeta con agua, lo llevaron a un hotel donde lo amarraron de pies y manos, y cada que intentaba dormir le echaban agua en la cara”.
Además, fue enrollado con cinta canela de los pies hasta los hombros y durante una hora lo dejaron parado y recargado en un muro.
Por su parte, Flores López, presunto integrante de Guerreros Unidos, fue capturado el 27 de octubre de 2014 y posteriormente agentes de la Secretaría de Marina lo golpearon y lo trasladaron a las instalaciones militares.
En el lugar, el imputado fue vendado de la cabeza y las manos, recibió amenazas de que matarían a su familia, le pusieron una bolsa en la cabeza.
El 8 de mayo de 2017, la PGR señaló que se practicaron evaluaciones a las ocho víctimas, las cuales indicaron que solo dos casos eran positivos en tortura, ya que Felipe Rodríguez y Edgar Vieyra “presentaron lesiones correspondientes a maniobras de tortura física”, mientras que los seis casos restantes fueron negativos.
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