Ante la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al proyecto de trasvase Monterrey VI, causa una desafortunada contrariedad, extrañeza y sorpresa, ya qué incentiva la viabilidad de este tipo de proyectos de trasvase que se conocen por ser altamente degradantes en materia ambiental y social; y que son megaproyectos representativos y característicos precisamente de gobiernos neoliberales.
Este tipo de proyectos suelen tener como base una visión que antepone los intereses del desarrollo económico en el cual suelen terminar siendo beneficiados las grandes industrias trasnacionales y nacionales principalmente, mientras que por otra parte, se demeritan las condiciones ambientales, culturales y sociales de los ecosistemas y las comunidades de donde se extrae el agua, en este caso de la zona de la Huasteca potosina.
También los trasvases suelen justificarse bajo un argumento demasiado burdo, donde se explica cómo se “desperdician” y “desaprovechan” aguas de cuerpos como ríos o ecorrentías que terminan desembocando en el mar, pero, por otro lado, se sabe que en la naturaleza no sobra nada y todo es parte de un ciclo natural que mantiene un equilibrio ecológico, pero que al modificarlo mediante acciones equivocas del humano con miras de beneficios económicos realmente para minorías, se construyen desastres, riesgos, vulnerabilidades y degradaciones sociales y ambientales, que en la mayoría de los casos son irreversibles.
El Estado de Nuevo León se caracteriza por tener una fuerte presencia de industria altamente extractiva de agua, incluso sus planes de gestión tienen una marcada estrategia de extracción en la cual no aparece en ningún momento la conservación ecológica y el bienestar social, sino el desarrollo económico a través del impulso a la industria para el crecimiento de la economía (de pocos).
En este sentido, el llevar agua a ese Estado, es estar tirando agua a una coladera sin fondo a cambio de una ganancia económica cuando los recursos naturales no tienen o tendrían que tener tal precio, mientras que los ecosistemas de la región huasteca muy posiblemente sufrirán el costo de transformaciones perjudiciales importantes y con ello, también las comunidades.
Aunado a esto, también está el contexto de nuestro propio Estado en el cual no existe un plan de gestión sostenible del agua. Lo cual conforma una situación que agravaría y volvería más compleja la crisis hídrica para el Estado, la biodiversidad y sus habitantes.
Existen diversos trabajos de investigación científica como los desarrollados por el Dr. Francisco Peña de El Colegio de San Luis y como parte del programa de incidencia del Conahcyt, en el cual se atestigua y evidencia por distintas comunidades afectadas, los efectos sociales, culturales y principalmente ambientales de los proyectos de trasvase en distintas zonas de nuestro país. Entre los cuales se mencionan conflictos sociales y de inseguridad por la lucha del agua, problemas de salud, desplazamientos forzosos para poblaciones, fuertes crisis hídricas, desaparición de ecosistemas, cambios climáticos en las regiones aledañas, entre otros fuertes problemas derivados de estos megaproyectos.
Finalmente, este tipo de proyectos deberían ser consultados públicamente con la población de la región previamente bien informada (acciones que no suelen hacerse tampoco) y no imponer ese tipo de obras que en todos los casos documentados, traen más desgracias que beneficios. La mejor solución es cambiar las formas de autogestión hídrica locales, buscando no continuar extrayendo agua de manera abrupta para actividades sobre productoras en beneficio de la industria y en detrimento del ambiente, la biodiversidad y las poblaciones.
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