La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) asignará un contrato de entre 23 y 33 millones de dólares, con vigencia de cinco años, a una consultora que ayude a incrementar la efectividad del NSJP a nivel local en seis estados
De acuerdo a Reforma, las autoridades de Estados Unidos están en alerta por los crecientes niveles de violencia e impunidad en México.
Por esa razón decidieron prolongar, al menos hasta 2025, uno de sus planes de ayuda para fortalecer a las instituciones de justicia estatales y desarrollar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) asignará un contrato de entre 23 y 33 millones de dólares, con vigencia de cinco años, a una consultora que ayude a incrementar la efectividad del NSJP a nivel local en seis estados.
“Pese a la adopción de amplias reformas legales, la combinación de inseguridad extrema para los ciudadanos en todo el país, altos niveles de impunidad, continuos abusos a derechos humanos y debilidad institucional persistente han resultado en un sistema de justicia que, en muchas instancias, no logra ser efectivo en proteger a las víctimas y aplicar el debido proceso”, explican las bases de la convocatoria más reciente de USAID, publicada el 16 de diciembre pasado.
“Subyacente a la violencia creciente es un nivel de impunidad extraordinariamente alto”, agregan.
Desde ese mes establecieron en sus considerandos que 2019 estaba en curso para ser el año más violento del que se tenga registro en México, lo cual se confirmó en las cifras de homicidios publicadas esta semana.
“Noticias casi semanales de homicidios, secuestros, ejecuciones, desapariciones forzadas y fosas masivas, socavan aún más la confianza de los ciudadanos en el Gobierno”, dice la convocatoria.
“El problema lo exacerba la naturaleza aislada de las instituciones de justicia, es decir, el aislamiento entre fiscales, forenses, policías, jueces y defensores públicos”.
La consultora ganadora del contrato tendrá que elegir seis estados de entre una lista de 14, abarcando al menos la capital y otro distrito judicial.
En esas regiones, USAID busca aumentar el número de crímenes de alto impacto que son perseguidos y juzgados, enfatizando delitos con penas de más de tres años de cárcel, así como generalizar el uso de medios alternos para resolver disputas y declaraciones negociadas de culpabilidad.
“Esto requiere implementar procesos más eficientes dentro de las instituciones de justicia para priorizar los casos más serios, así como mejorar las comunicaciones entre dichas instituciones”, explicó la agencia.
En octubre, USAID ya había extendido por nueve meses, hasta julio de 2020, el contrato principal del programa PROJUST, que desde julio de 2014 ejecuta la firma Management Systems International (MSI).
El contrato original era por 68.2 millones de dólares, pero la extensión le agregó 4 millones, con la aclaración de que MSI operaría con menos personal y enfocada en sólo tres componentes de PROJUST, que son parecidos a los del nuevo contrato.
Además de estos proyectos, USAID anunció en mayo de 2019 hasta 10 millones de dólares para mejorar oficinas de defensores públicos, unidades de medidas cautelares y comisiones de atención a víctimas. Los proyectos de USAID son independientes a los de la Iniciativa Mérida.
Con información de Reforma