Por presuntos actos de violencia política de género y violencia laboral, la magistrada Adriana Monter Guerrero, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Juan Pablo Almazán Cué, ahí la víctima detalló que esto sucedió luego de que interpusiera un amparo por no ser evaluada ni rectificada como magistrada en el 2017.
La funcionaria, dijo que no se respetó su derecho a ser evaluada ni a ser rectificada, incluso se abrogó su nombramiento cuatro días antes y al momento de tomar la decisión de nterponer un amparo comenzaron los actos de violencia.
Señaló que, Almazán Cue, le hizo la sugerencia de no continuar con el juicio de amparo por las consecuencias políticas que podría sufrir, así como actos de intimidación, humillación e incluso hasta dehradarla de puesto al pasar de secretaria general de Acuerdos a jefe departamento, situación que afectó de manera directa sus percepciones.
Finalmente, la magistrada refirió que estos cambios le han afectado en su vida, desde mi laboral, hasta en su patrimonio, su estabilidad emocional y económica y con la familia.
Por su parte, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se tomó la queja de la víctima para iniciar con los procedimientos correspondientes para emitir las recomendaciones correspondientes.
Por Ángel Rodríguez
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