Reporte empresarial. Presiones políticas y sociales contra la inversión privada, así como inseguridad en la región, han generado en los últimos 35 años pérdidas por más de 15 mil millones de dólares.
Debido a las resistencias, rechazos y presiones de diversas organizaciones civiles y grupos políticos, así como a la inseguridad, la región del Istmo de Tehuantepec está convertida en un cementerio de obras.
Primero fueron los intensos bloqueos carreteros que ejercieron integrantes de la denominada Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei), los cuales causaron el cierre de decenas de empresas tales como empacadoras de productos agrícolas, tiendas departamentales y distribuidoras de vehículos, así como bancos y hasta oficinas de gobierno, lo que propició que se fugaran inversiones.
De acuerdo con reportes del Centro Empresarial del Istmo de Tehuantepec, las presiones políticas y sociales contra la inversión privada en la región han generado en los últimos 35 años pérdidas por más de 15 mil millones de dólares.
Los informes refieren además que en los años 90, por el chantaje de las organizaciones sociales como la Cocei, la empresa Cervecera del Trópico, que se iba a instalar en Juchitán de Zaragoza, tuvo que ser reubicada en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec.
Otras empresas que tuvieron que cerrar fueron las tiendas Sears, el ingenio azucarero José López Portillo, que operaba en el municipio de El Espinal, además de la planta arrocera en Juchitán de Zaragoza y la gerencia de Banrural, que debió ser reubicada a la ciudad de Oaxaca.
Recientemente, las presiones de otras agrupaciones beligerantes, como la Asamblea de los Pueblos del Istmo, la Asamblea Popular de los Pueblos Huaves e Ikots, y la Asamblea de Pueblos Juchitecos, junto con la Cocei generaron que se frustrara la instalación del parque eólico Santa Teresa, de la empresa Mareña Renovables, por lo que se perdió una inversión de 13 mil millones de pesos, y que se tenga en duda el parque eólico promovido por la empresa francesa Electric France en el municipio de Unión Hidalgo, donde se busca invertir más de 800 millones de pesos y cuya operación está en manos de los tribunales.
En este contexto se anuncia el proyecto de desarrollo integral del Istmo y el ferrocarril interoceánico, que también está en riesgo debido a la injerencia de grupos y autoridades de comunidades de la zona, así como de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes dicen luchar por mejores condiciones de vida para la gente de la región.
“Despojos y daño ambiental” Según las quejas de los opositores, los inversionistas y el gobierno prometen progreso con la llegada de los grandes proyectos eólicos, pero en la realidad hay despojo de tierras y daños al ambiente, sostiene la activista Betina Cruz.
“Nosotros no estamos contra los proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen las comunidades a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren, además de que no se toman en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Refiere que, por ejemplo, los proyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes —quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud— éste no llega.
Advierte que no es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando los mares “y nos dejan sin trabajo, sin alimento a la gente que vivimos de la pesca”.
Los pobladores y las organizaciones opositoras a los megaproyectos acusan que estos pretenden instalarse sin el consentimiento del pueblo y mediante prácticas corruptas y falta de transparencia.
Por lo que las comunidades no tienen de otra que defender sus territorios ya que, denuncian, no solo las empresas violan sus derechos, sino también los gobiernos municipales, estatal y federal.
Los líderes de las organizaciones exigen al gobierno federal el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano, y no a ataques ni intimidaciones de grupos de choque ligados con el PRI y ahora con Morena.
“Beneficios personales” En contraparte, Armando Castillejos Sánchez, de la Central Campesina del Istmo, cuestiona el doble discurso de las organizaciones sociales en la región, que enarbolan la bandera de resistencia a cambio de obtener beneficios personales, políticos y económicos.
Dijo que el claro ejemplo es la Cocei, cuyos líderes, después de generar la ingobernabilidad en el Istmo, lograron posiciones políticas. Tales son los casos de su dirigente, Héctor Sánchez, y de Daniel López Nelio, quienes llegaron a ser senadores, y de diputados y alcaldes impulsados, primero, por PRD, y ahora por Morena, como Gloria Sánchez López, hermana de Héctor Sánchez, quien es legisladora de Morena.
El dirigente campesino también mencionó el caso de Jesús Vicente Vásquez, que de alcalde de Juchitán por el PRD y servidor público en el régimen del ex gobernador Gabino Cué, ahora es funcionario en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
MILENIO
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