Ex empleados de la empresa encargada del programa para el control volumétrico de estaciones de servicio dan pormenores del sistema que permite alterar reportes de compras y ventas.
Lo conocen como El Rastrillo y para la gasolinera que lo tiene es la puerta de entrada a una mina de oro ilegal. Este software pirata es la piedra angular sobre la que se sostiene un esquema de fraude cibernético que ha permitido a numerosas estaciones de servicio del país vender huachicol y engañar a Pemex, a Profeco y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dos ex empleados de la empresa Atio Group, encargada del desarrollo del software de controles volumétricos ControlGAS —instalado hasta en un tercio de las 12 mil gasolineras del país—, revelaron a MILENIO los pormenores de este esquema de fraude en el que la empresa ofrece a quien lo quiera comprar la expansión ilícita del programa a tipo plug-in.
“Básicamente es un programa que se le añade a ControlGas para rasurar litros y cucharear las cifras que se reportan al gobierno”, dijo un ex empleado, que entregó a este diario una copia de El Rastrillo, con el cual se puede informar una cantidad falsa de venta de gasolina al gobierno federal.
El tema no ha pasado desapercibido: la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda ya tiene abiertas investigaciones contra al menos 194 estaciones de servicio por alterar sus controles volumétricos y reportar ingresos y egresos que no cuadran, según ha declarado en semanas recientes su titular, Santiago Nieto.
La red de gasolineras del país tiene la obligación de entregar al SAT los controles volumétricos y además debe cumplir con una serie de reglamentaciones, entre ellas, la verificación de controles a distancia NOM 185 CSFI 2012, que regula dichos sistemas.
El sistema informático ubicado en las bombas, en teoría inviolable, arroja de manera precisa las cantidades de combustible que adquieren y venden a los usuarios.
Dicha información se envía a diario tanto al SAT como a Pemex, que entrega un visto bueno que permite a la gasolinera mantener su funcionamiento, ya que no hacerlo implicaría un delito fiscal, previsto en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.
MILENIO
Síguenos en:
Twitter:@ElPortalMx
Facebook:El Portal San Luis Potosí