Barra de Abogados y las organizaciones de la Marea Rosa se suman al reclamo de magistrados y jueces contra la iniciativa.
En el primer minuto de este miércoles entró de lleno en vigor el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial, al que llamó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), con el que 85% de los jueces y magistrados suspende labores y con ello audiencias, amparos, resoluciones y todo tipo de trámite en los juzgados, con excepción de casos especiales acordados.
Esta suspensión laboral, apoyada por mil 202 integrantes de la asociación de juzgadores, será por tiempo indefinido y mantendrá cerrados todos los juzgados del país, con algunas excepciones que la propia organización anunció.
Los tribunales seguirán atendiendo asuntos “urgentes”, como son aquellos en los que se pone en riesgo la vida o el bienestar de las personas. Para esto, los juzgados mantienen guardias.
La Jufed afirmó en un comunicado que “la suspensión tiene sustento en múltiples ordenamientos internacionales y nacionales, es legal y busca defender la independencia judicial”.
Y aclaró que “bajo ningún concepto” está suspensión de actividades “será causal de delito, de procedimientos de juicio político ni responsabilidad administrativa”.
En las manifestaciones contra la reforma judicial en las diferentes sedes del país, se argumentó que se pone en riesgo la independencia de la judicatura, con la propuesta de elegir por voto ciudadano a ministros, jueces y magistrados.
Hasta la noche del martes, el paro se extendió a 28 entidades, de acuerdo con Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores de la judicatura. Entre las entidades que suspendieron su trabajo están: Estado de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán y Nayarit, entre otras.
Mientras tanto, el Frente Cívico Nacional se sumó a las manifestaciones en favor de la independencia judicial y en contra de la reforma.
Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la organización, explicó que se suman a la lucha para que se respete la división de poderes.
Recordó que las organizaciones civiles ya habían presentado este reclamo en febrero de 2023, cuando acudieron al Zócalo capitalino para demostrar su rechazo al plan B, cuando “no había procesos electorales en curso, lo único que había es el interés del Presidente de sujetar al único poder que no ha podido dominar y controlar”.
Aseguró que la única manera de ganarle al presidente López Obrador es en su campo: la lucha social.
“A Andrés (Manuel López Obrador), y vaya que lo conozco, se le gana en su terreno. En la lucha política, con movilización social, porque ideas y convencimiento, no. Hombre más terco no conozco. La única manera de ganarle es con la sociedad organizada”, sentenció.
Acosta Naranjo adelantó que las organizaciones civiles ya tienen preparados 120 mil juicios de la ciudadanía en el Tribunal Electoral para reclamar la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.
Por su parte, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados (Anade) demostraron su apoyo al paro en el Poder Judicial.
En un comunicado, las barras aplaudieron el esfuerzo de los trabajadores por defenderse de la reforma e hicieron un llamado al Legislativo para que no apruebe estos cambios.
Con información El Financiero
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