Para terminar con la práctica común de utilizar a los elementos policiales como guarda espaldas de servidores públicos o particulares, el diputado Edgardo Hernández Contreras presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, que deja vigente esta prestación solamente a los funcionarios que por su alta encomienda lo requieren.
Destacó que el gobernador, el fiscal general, el secretario de Seguridad Pública, el director general de Seguridad Pública del Estado, el director general de Prevención y Reinserción Social y el director General de la Policía Investigadora del Estado y su correspondiente círculo familiar cercano, deben ser los únicos que podrán tener protección mientras dure su cargo, para prevenir actos externos de intimidación, que puedan inhibir o alterar su toma de decisiones.
De ahí en fuera, dijo que ningún otro funcionario o servidor público podrá recibir la protección de policías, pues su trabajo consiste en proteger a la población.
Afirmó que ésta iniciativa insta, no solo regular la protección para funcionarios públicos, que verdaderamente se justifica, distraer personal operativo para su custodia, y salvaguarda personal, y de sus familiares de círculo más cercano, sino además, prohibir expresamente, el desvío de recursos humanos de seguridad pública, que discrecionalmente son comisionados para efectuar actividades de escolta, que en ocasiones derivan en servicios de choferes, mensajeros, asistentes, y servidumbre para realizar labores personales de los funcionarios, desvirtuando totalmente su tarea primordial.
Por Ángel Rodríguez
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