La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alertó sobre la imagen de impunidad que tiene México, pues la probabilidad que existe para que un delincuente de alta peligrosidad sea condenado es de apenas el 0.2 por ciento.
“Si el 98 por ciento de los delitos no son denunciados, y si el 2 por ciento son denunciados, pero llegan a tribunales el 0.4, y de esos tienen sentencia el 0.2 por ciento, la imagen que tenemos en nuestro País es de absoluta impunidad”.
Al participar en la Primera Reunión de Trabajo con presidentes de Tribunales Superiores de Justicia advirtió que mientras no se combata la impunidad, habrá corrupción y violencia en el país.
“Hablar de corrupción sin un ejercicio puntual de la aplicación del estado de derecho es un discurso de simulación”.
La funcionaria consideró que parte de esa impunidad se debe a que en México el número de jueces es mucho menor a la media mundial.
En la República hay apenas 4.19 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de 16.23 enjuiciadores. En países como Croacia, por ejemplo, el promedio es de 45 jueces por cada 100 mil personas.
“Tener una cifra tan reducida de jueces provoca que el 43 por ciento de los detenidos por homicidio en nuestro país no ha recibido sentencia, con lo que se incrementa el índice de impunidad”.
Sánchez Cordero m recordó que en la estructura de la Segob recientemente se creó una Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia a través de la cual el Ejecutivo federal hará un acompañamiento respetuoso al Poder Judicial con el objetivo de fortalecer las instituciones del Estado y apoyar los temas prioritarios de su agenda.
A través de esta unidad se pretende crear un Código de Ética Nacional para el Poder Judicial en que se garanticen mecanismos para combatir la corrupción, la impunidad y el influyentismo.
“Como ha quedado demostrado en los últimos años, la impunidad atrae corrupción; la corrupción descompone las instituciones y no permite que exista un verdadero estado de derecho.
La ex ministra se pronunció a favor de la inamovilidad de jueces y magistrados, de asegurar la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia y de garantizar la autonomía presupuestal del Poder Judicial.
Reforma
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