La frontera norte del país sigue viéndose concurrida de migrantes que intentan pasar de Ciudad Juárez a El Paso, a pesar de las frecuentes deportaciones y operativos que las autoridades fronterizas han realizado en dicha región.
La semana pasada, elementos fronterizos de Estados Unidos deportaron a 200 migrantes, quienes intentaban pasar por la puerta 40 del muro divisorio.
Posteriormente, las personas que fueron detenidas, fueron puestas a la disposición de el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
El venezolano Marco Galindo consideró “muy frustrante” reiniciar su ruta.
“Es como si fuera un fracaso, todo el mundo está buscando el sueño de subir a Estados Unidos y ya que estamos aquí, esa guerra que nos hacen desde Tapachula, hacen la vida imposible. Los de Migración, la Guardia Nacional, por todos lados nos corretean”, dijo Galindo a EFE.
El sudamericano señaló que entre quienes están varados en el río Bravo corre ahora el temor sobre si cruzar o no, pues mientras en Estados Unidos la Guardia Nacional de Texas los devuelve a golpes, en México los agentes del INM los retornarían a Chiapas en un autobús atados de manos.
También contó que muchos de ellos tienen más de cinco meses en Juárez, donde además de conseguir recursos tienen que afrontar la delincuencia organizada, y todos los días hacen un recorrido de unos 10 kilómetros a lo largo de la frontera para ver por dónde pasar.
“Buscando la solución de entrar, pero ahora con eso de que tres veces he entrado y tres veces me han sacado (no sé). Pero gracias a Dios no me han mandado pa’ Tapachula, me sacan ahí mismo”, manifestó.
Un reflejo de más restricciones
Lo que sucede en Ciudad Juárez refleja las crecientes restricciones en la frontera de Estados Unidos, donde el 9 de mayo el Gobierno de Joe Biden promulgó una norma que instruye a los agentes migratorios a prohibir que las personas consideradas un “riesgo para la seguridad pública o nacional” soliciten asilo.
Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron a finales de abril “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos”.
Tan solo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por el Gobierno mexicano creció cerca de 200 por ciento anual hasta casi 360 mil personas.
José Luna Ochoa, migrante de Venezuela que se apostó en el río Bravo en espera de cruzar, atribuyó los operativos a que este año coinciden las elecciones en Estados Unidos y México.
“Como vienen las elecciones han endurecido más las leyes para los migrantes, para poder pasar para allá, nosotros vamos a cruzar como podamos de buena manera y con la voluntad de Dios”, sostuvo.
Agregó que, además del clima, lidian con la inseguridad que representa México, tanto por la persecución de las autoridades migratorias y como por los secuestros del crimen organizado.
“Sí vale la pena, queremos darles a nuestros hijos un mejor futuro, ya que en nuestro país no hay educación, no hay seguridad, no hay salud, estamos en dictadura, un sueldo es de 7 dólares mensuales y 2 dólares vale un kilo de harina para hacer unas arepas”, señaló el migrante.
Con información El Imparcial
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