Miles de chilenos volvieron a las calles de Santiago este lunes, golpeando ollas y haciendo sonar las bocinas de sus automóviles, para lanzar la segunda semana de protestas contra las presiones por el costo de vida y la desigualdad de ingresos.
Al menos 11 personas han muerto (durante la mañana de este martes el Gobierno confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 15), 200 resultaron heridas y más de 1.500 fueron detenidas mientras la nación de 18 millones de habitantes, durante un largo tiempo un faro de estabilidad y prosperidad en Sudamérica, se ha convertido en el último país Latinoamericano que estalla en violencia.
Los manifestantes convocaron a una huelga general el lunes. El presidente Sebastián Piñera dijo que el país estaba en guerra. El estado de emergencia continuó y las autoridades decretaron más toques de queda. Pero después de un fin de semana sangriento, algunos servicios públicos reanudaron sus operaciones, y algunos negocios reabrieron.
La Alta Comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó este lunes al diálogo y pidió investigaciones independientes y el fin de la “retórica incendiaria”.
“Estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile”, tuiteó Bachelet, la predecesora de Piñera como presidenta de la nación andina. “Exhorto al Gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente”.
Las manifestaciones dirigidas por los jóvenes, provocadas la semana pasada por un aumento en las tarifas del metro de la capital, han crecido y se han extendido incluso después de que Piñera rescindió dicho aumento. Los manifestantes han cerrado el transporte público, saqueado supermercados y farmacias, y han prendido fuego a estaciones de metro y edificios gubernamentales.
Piñera, quien retornó a la presidencia el año pasado después de gobernar de 2010 a 2014, ha respondido con el despliegue de más de 10.000 tropas en la operación más larga desde la dictadura de Augusto Pinochet, hace más de tres décadas. Las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos y balas de gomas contra las multitudes.
Tres civiles murieron la noche del domingo, dijeron las autoridades. Uno recibió un disparo y dos murieron durante un incendio en un supermercado. Cincuenta miembros del personal de seguridad fueron heridos gravemente.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, dispuesto a usar la violencia sin límites”, expresó Piñera en un discurso televisado a nivel nacional el domingo por la tarde.
Pero el lunes por la mañana, el líder de las fuerzas armadas trató de corregir su afirmación.
“No estoy en guerra con nadie”, le dijo a los reporteros el General Javier Iturriaga.
El caos siguió a las protestas contra la austeridad y la corrupción en Haití, Ecuador, Perú, Argentina y Honduras, entre otros países. Pero se suponía que Chile era diferente. El país encabeza a Sudamérica en prácticamente todas las tablas: PIB per cápita, Índice de desarrollo humano de la ONU y múltiples clasificaciones en cuestión de libertad.
“Todos los que siguen a Latinoamérica están viendo y diciendo ‘Oh, dios, ¿también Chile?’”, dijo Brian Winter, vicepresidente de política en la Sociedad de las Américas/ Consejo de las Américas.
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¿Por qué están protestando los chilenos?
El aumento del 4% en las tarifas del metro provocó pequeñas manifestaciones hace una semana. La mitad de los trabajadores de Chile gana USD 550 al mes o menos, de acuerdo con el instituto nacional de estadísticas, lo que hace que el transporte público sea un gasto significativo para muchos que viven y trabajan en la capital.
Al final de la semana pasada, el movimiento se había convertido en manifestaciones masivas contra el aumento en el costo de vida y un modelo económico que los chilenos dicen enojados que genera un crecimiento desigual.
La expansión constante en las últimas dos décadas le ha dado a la nación la clase media más grande y una de las tasas de pobreza más bajas en la región. Pero la alta desigualdad se ha mantenido prácticamente igual, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).
Los manifestantes se han quejado de la costosa educación privada y de la atención médica, el aumento del costo del servicio público y de la reducción de las pensiones. En junio, el precio de la electricidad aumentó un 10 por ciento.
“Durante más de una década, estudios han advertido de la creciente frustración con las condiciones de vida en Chile”, señaló Jorge Contesse, profesor de derecho en la Universidad de Rutgers. “A pesar de ello, nos siguen diciendo que esto era imprevisible”.
“Chile está gobernada por una constitución que fue elaborada bajo la dictadura y que, a pesar de reformas significativas, ha dejado la infraestructura política y legal fundamental sin modificar y sin responder a las demandas de miles, si no es que de millones, de chilenos”.
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Algunos están enojados con Piñera, un millonario educado en Harvard que, algunos dicen, está fuera de contacto con la gente. Muchos se sienten atrapados con la combinación del incremento de costos y una desaceleración económica.
“El malestar que mantiene a muchas personas movilizadas es el de un modelo que privatiza y lucra con todos los aspectos de nuestras vidas”, tuiteó Emilia Schneider, directora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. “Alza del pasaje fue la gota que rebalsó el vaso”.
Añadió que ningún gobierno previo había sido capaz de resolver el problema.
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