La oposición inició una campaña para hacer llegar a los militares y policías del país un texto de una ley que aprobó el Parlamento, de mayoría opositora, y que busca que los funcionarios desconozcan el gobierno de Nicolás Maduro.
La oposición venezolana inició una campaña para hacer llegar a los militares y policías del país el texto de una ley que aprobó recientemente el Parlamento, donde ejerce una contundente mayoría, y que busca que los funcionarios desconozcan al gobernante Nicolás Maduro.
El documento fue entregado en varios destacamentos de Caracas, y que en algunos casos los militares destruyeron el material. En el puesto de control de la residencia presidencial, conocida como La Casona, los funcionarios recogieron las copias que les dejaron debajo de los portones de ingreso y las regresaron rotas.
En tanto que en las redes sociales circulan imágenes de un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), destacado en la guarnición de la favela de Petare, que quemó la copia que recibió de una veintena de personas.
Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de un puesto del este de Caracas recibió con reservas una copia de ley, pese a que dijo estar dispuesto a “escuchar” a los opositores. “Yo soy institución, los gobiernos pasan y la institución queda”, dijo el policía antes de señalar que no conoce el contenido de la ley y de definirse como “apolítico”.
Pasadas las 11:00 horas locales las concentraciones que se convocaron para repartir las copias del marco legal eran tímidas. Ningún dirigente político opositor ha informado aún sobre el desarrollo de la actividad.
Hace dos semanas, el Parlamento sancionó un decreto de ley de amnistía, destinada a funcionarios civiles y militares que “colaboren en la restitución del orden constitucional” del país, en referencia a la usurpación de la Presidencia que, aseguran los opositores, hace Nicolás Maduro.
La ley decreta el “reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática” de los funcionarios de las fuerzas de seguridad que presten ese servicio a la nación como un “deber” del Parlamento. Voceros del gobierno venezolano han señalado que la herramienta legal intenta promover un golpe de Estado, pero el primer vicepresidente de la Cámara, Édgar Zambrano, aseveró que la ley persigue “una respuesta constitucional y política por parte del sector militar”.
Esta iniciativa opositora hace parte de su nueva tentativa de desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013, y que inició cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se adjudicó las competencias del Ejecutivo ante cientos de miles de simpatizantes en Caracas. Este hecho, que elevó la tensión política en el país caribeño, es el mayor acto de desafío al nuevo mandato de 6 años que juró Maduro hace sólo 17 días ante el Supremo.
El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos. Pero el antichavismo afirma que “usurpa” la presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es “ilegítimo” y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.
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