José Luis Martínez todavía recuerda los gritos de sus tres hijas después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se las llevaran. A él lo enviaron a un centro de detención.
“No paraban de llorar”, recuerda. “Su madre ya había muerto. Lo único que querían era a su papá. Yo era lo único que tenían”.
Era poco después de la medianoche del 2 de noviembre de 2018. Martínez y sus hijas habían recorrido más de 3 mil 200 kilómetros en autobús desde su país de origen, Honduras, en un viaje de 15 días hasta la frontera de México con Texas, EU, país en el que pensaban pedir asilo.
Las niñas tenían entonces 10, 12 y 14 años.
Durante un mes, Martínez preguntó una y otra vez a los agentes estadounidenses cuándo podría volver a ver a sus hijas. Nunca obtuvo respuestas.
El gobierno eventualmente deportó a Martínez a Honduras, alegando que cruzó a Estados Unidos de forma indocumentada.
Pasaron casi cuatro años para que finalmente pudiera reencontrarse con sus hijas en EU, donde vivían con su abuela paterna y su tía.
“Me llamaban y decían ‘Papi, papi, ¿por qué no has vuelto?’. Y tuve que decirles que me deportaron”, le dijo Martínez a la BBC. “Fue muy duro”.
Tolerancia cero
Entre 2017 y 2021, el gobierno del expresidente Donald Trump separó de sus padres a por lo menos 3 mil 900 niños, algunos con solo unos meses de edad, a lo largo de la frontera entre EU y México.
Por entonces aplicaba la llamada política de “tolerancia cero”.
El objetivo era disuadir a los inmigrantes de entrar a EE.UU. y facultaba al Departamento de Justicia estadounidense a deportar mediante un juicio exprés a los adultos que cruzaran la frontera sin documentos. Los hijos entonces quedaban bajo la custodia del gobierno de EE.UU.
Los menores eran en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, y pasaron días en centros de detención, donde algunos fueron hacinados en jaulas de metal sin acceso a una ducha ni alimentación adecuada.
Cientos de niños tuvieron que esperar años, algunos más de la mitad de sus vidas, en EE.UU. en hogares temporales y con parientes y amigos antes de volver a ver a sus padres.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, eliminó la política de “tolerancia cero” a los pocos días de asumir el cargo.
Un mes después, estableció el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar para deshacer lo que llamó la “vergüenza moral y nacional” de las separaciones.
Anteriormente, la mayoría de los padres se veían obligados a elegir entre que sus hijos regresaran a vivir con ellos en el país de origen del que habían huido o dejarlos en EE.UU. bajo custodia del gobierno.
Pero con la nueva política de Biden, los padres que habían sido deportados, como Martínez, fueron reunificados con sus hijos en EE.UU. y se les permitió permanecer en el país durante tres años.
Para marzo de este año, el gobierno dijo que 2 mil 969 niños que fueron separados ya se reunieron con familiares.
Pero en el quinto aniversario del día en que se anunció la nueva política, casi 1.000 niños siguen esperando, según cifras oficiales.
Los activistas dicen que el gobierno de Trump no tenía bases de datos o registros exhaustivos que vincularan la información de los padres con la de sus hijos, algo que reportaron medios como The Atlantic, NBC y otros.
Como resultado, los funcionarios de Biden heredaron un “desastre”, dijo Lisa Frydman, vicepresidenta de programas internacionales de Kids In Need of Defense (KIND), otra organización involucrada en contactar a familias inmigrantes.
Una ardua tarea
Grupos sin fines de lucro en EE.UU. y otros países han intervenido para ayudar en la búsqueda internacional de personas difíciles de ubicar.
A veces solo tienen números telefónicos que ya no funcionan. Las organizaciones llegan a enviar trabajadores de derechos humanos a buscar padres en aldeas remotas en países de Centroamérica.
“Ha sido peligroso, consume mucho tiempo y recursos y fue mucho más difícil durante la pandemia”, dijo Lee Gelernt, del Proyecto Nacional de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que lideran los esfuerzos para ayudar a contactar a las familias.
Cuando los grupos necesitan apoyo en el terreno, recurren a personas como Rebeca Sánchez Ralda, una abogada de Ciudad de Guatemala y colaboradora del grupo Justice in Motion.
Ella y sus compañeros de trabajo han pasado horas examinando registros civiles y perfiles de Facebook para encontrar pistas sobre el paradero de los padres. A veces solo tienen un apellido común para iniciar la búsqueda.
Fin del Título 42
Las organizaciones sin fines de lucro han localizado a unas mil 500 familias desde 2018, afirma Gelernt, de ACLU.
Pero algunos de los activistas le dijeron a la BBC que les preocupa que las decisiones de la política de inmigración de Estados Unidos puedan conducir a más separaciones familiares.
Biden ha tomado una serie de medidas para tratar de disuadir la afluencia de inmigrantes indocumentados en la frontera, especialmente ante el próximo fin de la política del Título 42 del gobierno de Trump.
Esta norma otorgó al gobierno el poder de expulsar automáticamente a los inmigrantes indocumentados a su país de origen o al último país en el que estuvieron, a menudo México.
Los defensores de migrantes argumentan que se necesita hacer mucho más para ayudar a las familias a sanar del trauma de la separación.
Algunos padres que han tenido que dejar a hijos en Estados Unidos han intentado suicidarse, pues sienten culpa y confusión acerca de por qué les quitaron a su hijo, dijo Cathleen Caron, fundadora de Justice in Motion, una organización de derechos de los migrantes que trabaja en México y el norte de Centroamérica.
Los niños, dijo, llegan a mojar la cama, tienen pesadillas y “traumas profundos”.
Algunos, que tenían tan solo 1 año cuando se separaron, ni siquiera recuerdan a sus padres cuando los vuelven a ver, explica Gelernt.
Recuerda a uno de 4 años, de las primeras familias que la ACLU ayudó a reunir, que temía que alguien fuera a llevárselo a mitad de la noche.
Otros ahora se niegan a hablar sus lenguas indígenas o comer la comida que sus familias les preparan, según Sánchez Ralda.
“La gente no tiene idea del daño que esto ha causado”, dijo. “Fue como un secuestro”.
Con información de El Universal
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