La Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Yvett Salazar Torres, informó que se analiza la posibilidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sea la encargada de realizar el estudio técnico de factibilidad para determinar si alguna superficie mayor a 63 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito –cantidad que arrojó el primer análisis-, es susceptible de ser conservada.
La funcionaria estatal indicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, para presentar el estudio técnico de factibilidad que se realizó con el apoyo del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), que resultó en 63 mil hectáreas susceptibles de conservación, con los resultados se analizará la posibilidad de un nuevo estudio podría haber algunas zonas de amortiguamiento ya incluidas en la declaratoria federal, señaló Salazar Torres.
“Para poder decretar un ANP se requiere de la anuencia y aceptación de los propietarios, es decir, nunca se ha planteado la posibilidad de que sea una expropiación, ellos son los que deberán definir qué zonas son las que podrán destinar para su conservación, tiene que hacerse una asamblea, nosotros ni nadie los puede obligar”, destacó Salazar Torres.
La titular de la SEGAM, señaló que se realizan gestiones para la declaratoria de veda forestal por los incendios a través de un decreto, donde se busca que pase un periodo de 20 años para la restauración de la zona y también se revisa en conjunto con CONAFOR, cuáles serían los apoyos que se destinarían en los ejidos aledaños el próximo año.
Agregó que se trabaja con la Secretaría del Bienestar para determinar qué ejidos se podrían sumar para recuperar su vocación forestal, con la implementación del programa Sembrando Vida que incluiría árboles frutales y maderables.
Yvette Salazar Torres, dijo que se llevaron a cabo varias asambleas y enviado oficios para explicar a los ejidatarios cuáles son los beneficios de conservar el área, y también a qué estarían sujetos en cuanto a protección de la misma, posteriormente, surgió la agenda junto a la Procuraduría Agraria dado que llevan un acompañamiento en este proceso de propiedad ejidal, para que puedan hacer un cambio de uso destino en cuanto a la protección de la zona.
“Lo que hicimos con el estudio de las 63 mil hectáreas fue buscar cuales eran los lugares que tenían mayor conservación ambiental, y que también fueran parte de una comunidad o ejido como áreas de uso común, porque mientras más se avanza más propietarios privados o múltiples ejidatarios se encuentran, entonces para poder decretar el área de la comunidad hacia la Cañada del Lobo, se tendría que tratar con más de 400 propietarios, por ello se buscaron cuáles eran las áreas de uso común para sobre eso facilitar la aceptación y anuencia de los ejidos”, precisó.
Agregó que ya que los comuneros piensan en el fraccionamiento de su propiedad para hacerlo una zona habitacional, se les recomendaría a ellos y al municipio, que al momento de que se les otorgue el permiso de construcción se considere al menos un 30 o 40 por ciento de área verde y que lo entreguen equipado y con arbolado de más de tres metros.
Salazar Torres, señaló que también se recomendaría que las construcciones se hagan con materiales propensos a la captación de agua de lluvia o infiltración, para evitar deslaves en tiempos de lluvia y que se inunden colonias aledañas, “estas y otras recomendaciones ambientales habrá que considerarlas y respetar la decisión de los ejidos por ser ellos los propietarios, pero nuestra postura institucional será el de procurar la sustentabilidad en estas zonas cercanas a la sierra”, concluyó.
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