Plantean penas máximas de 20 años de cárcel y multa de 4 millones 400 mil pesos.
El Senado de la República aprobó el proyecto para crear la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que busca proteger las manifestaciones culturales tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o plagio de motivos y diseños de los pueblos originarios.
La Ley contempla castigar hasta con 20 años de prisión y multas de hasta 4 millones 400 mil pesos a quien reproduzca, copie, imite o se apropie de expresiones de su patrimonio cultural sin su consentimiento.
La Ley se deriva de una iniciativa que originalmente presentaron, desde noviembre de 2018, el senador Ricardo Monreal y la senadora Susana Harp, de Morena.
“Presentamos esta iniciativa de ley por el sentimiento de ver indefensas las comunidades indígenas y afromexicanas por la actitud poco profesional y hasta deleznable del plagio de las artesanías, de los textiles, de la cultura y del arte de las comunidades indígenas sin que hubiese ningún respeto, autorización, menos indemnización o pago por el uso de su cultura, de sus símbolos o de sus creaciones”, sostuvo Monreal.
El senador afirmó que esta práctica empresarial “irregular e inmoral” era realizada, con toda impunidad, tanto por marcas nacionales como internacionales, por lo que la legislación aprobada por unanimidad busca “proteger la cultura de estos sectores de la población, que llevan siglos desprovistos de derechos para el reclamo de estos hechos”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, dijo que el dictamen establece los procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una querella por el uso indebido de su cultura.
La senadora explicó que la queja se desahogará ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Cultura, así como los institutos nacionales del Derecho de Autor y de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
En el caso de las denuncias, refirió, serán las autoridades judiciales quienes atiendan las demandas por el uso no consentido con fines de lucro.
Harp afirmó que con esta nueva ley “se deja claro quiénes son los propietarios de las expresiones culturales”.
“Queremos que el uso del patrimonio cultural indígena y afromexicano se realice con previo consentimiento y acuerdo de las comunidades, para que, en caso de que se acepte la colaboración, existe una retribución justa para los depositarios y transmisores de la gran tradición cultural de nuestro país”, recalcó la senadora.
El decreto fue turnado al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
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