Un juez salvadoreño absolvió el lunes a una mujer acusada de matar a su bebé, una victoria para los defensores de los derechos de las mujeres que han estado luchando contra la aplicación severa de una de las prohibiciones de aborto más estrictas del mundo.
Evelyn Hernández Cruz, de 21 años fue violada por un miembro de una pandilla y no sabía que estaba embarazada, argumentaron sus abogados.
Después de experimentar una muerte fetal en la letrina de su hogar en abril de 2016, perdió el conocimiento; su madre la encontró cubierta de sangre y la llevó al hospital en Cojutepeque, un pueblo a unos 40 kilómetros al oeste de San Salvador, la capital de El Salvador.
Al dictaminar que la mujer, Evelyn Hernández Cruz, de 21 años, no era culpable, el tribunal pareció aceptar los argumentos de la defensa de que había sufrido una emergencia obstétrica que le impedía salvar al bebé.
Los fiscales, que estaban tratando el caso por segunda vez, habían pedido una sentencia de prisión de 40 años.
El caso fue ampliamente visto como una prueba de la voluntad de los tribunales de aceptar enjuiciamientos por homicidio de mujeres de bajos ingresos que pierden a sus bebés, a menudo cuando dan a luz en el hogar sin acceso a atención médica.
Las autoridades del hospital llamaron a la policía y Hernández fue acusada de homicidio agravado.
Un juez la sentenció a 30 años de cárcel, pero el veredicto fue revocado el año pasado por motivos de procedimiento y un tribunal de apelaciones ordenó un segundo juicio.
Durante el juicio la semana pasada, los fiscales argumentaron que Hernández debería haber sabido que estaba embarazada y tomar medidas para proteger a su bebé.
Estrictas leyes
El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo contra el aborto, prohibiéndola bajo cualquier circunstancia, incluso para salvar la vida de la madre. Los grupos de mujeres dicen que la criminalización de las emergencias obstétricas es una consecuencia de esa ley, porque cualquier mujer que experimente una complicación en el embarazo podría convertirse en sospechosa.
En lugar de acusarlas de aborto, lo que conlleva una pena máxima de ocho años en prisión, los fiscales acusaron a decenas de mujeres de homicidio.
El peso de esos procesamientos ha recaído en las mujeres pobres y marginadas con poca educación o acceso a la atención médica.
Los grupos de mujeres han identificado a 25 féminas que fueron condenadas a hasta 40 años por homicidio o intento de homicidio después de sufrir emergencias obstétricas, y desde 2014 han hecho campaña para liberarlas.
Hasta dos docenas más fueron acusadas y encarceladas mientras esperaban el juicio antes de que se retiraran los cargos o fueran absueltas.
Los abogados han presentado apelaciones una por una. El año pasado, ocho mujeres fueron liberadas, ya sea porque sus sentencias fueron conmutadas o fueron absueltas.
Este año, aparte de la absolución del lunes, cuatro más fueron liberadas cuando se conmutaron sus sentencias.
Quince mujeres aún permanecen en prisión, cumpliendo largas condenas por acusaciones similares, y tres más están en espera de juicio.
La Despenalización
Morena Herrera, del Grupo de Ciudadanos para la Despenalización del Aborto, dijo que la absolución de Hernández “es una señal de esperanza para todas las mujeres que permanecen en la cárcel por delitos que no cometieron por problemas de salud que nunca deberían haber sido llevados a Corte.”
“Ninguna mujer debería pasar por la prueba que hizo Evelyn”, dijo.
Paula Ávila Guillén, abogada y directora de iniciativas latinoamericanas en el Centro de Igualdad de las Mujeres en Nueva York, que trabaja en estrecha colaboración con grupos de mujeres salvadoreñas, dijo que la severa ley antiaborto pone en marcha los procesamientos por homicidio.
“El problema es que una vez que la palabra aborto está ahí, estigmatiza completamente el proceso”, dijo Ávila Guillén. “No hay presunción de inocencia contra una mujer una vez que se descarta la palabra aborto”.
El año pasado, el intento de permitir el aborto en casos de violación y proteger la salud de la madre fracasó en el congreso de El Salvador, y las posibilidades de suavizar la ley antiaborto de 1998 se volvieron más remotas a medida que los conservadores se hicieron dominantes en la legislatura.
ISD
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