San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal). – Organizaciones colectivas, personas trans y no binarias, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general ofrecieron una rueda de prensa para denunciar el cobro del trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en el estado de San Luis Potosí, al considerar que dicha medida constituye una barrera económica incompatible con los derechos humanos.
Durante la lectura de un comunicado público, las colectivas señalaron que el reconocimiento legal de la identidad de género no debe entenderse como un privilegio ni como una concesión administrativa, sino como un derecho humano estrechamente vinculado con la dignidad, el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Advirtieron que cualquier condicionamiento económico para acceder a este trámite resulta contrario a la obligación del Estado de garantizar derechos en igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo expuesto, la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí establece un cobro de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el trámite denominado “modificación de datos personales en las actas del Estado Civil conforme a la identidad de género autopercibida”.
Aseguraron que, aunque dicho cobro se ha justificado como administrativo, en los hechos opera como un obstáculo que limita el acceso efectivo a un derecho, particularmente para personas que viven en contextos de exclusión y precarización económica.
Subrayaron que este costo tiene un impacto diferenciado y desproporcionado en las personas trans y no binarias, quienes enfrentan de manera documentada discriminación laboral, violencias estructurales y barreras institucionales.
Añadieron que cobrar por un trámite que garantiza seguridad jurídica y reconocimiento estatal profundiza las desigualdades y restringe el ejercicio pleno de derechos humanos.
Finalmente, alertaron que el cobro genera incertidumbre y falta de certeza jurídica, ya que cuando un derecho se expresa en términos económicos sin claridad suficiente se incrementa el riesgo de discrecionalidad, aplicación desigual y arbitrariedad por parte de las autoridades, debilitando la garantía efectiva del derecho a la identidad, por lo que buscan una solución al respecto.
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