San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal). – El Colectivo Praxis dio a conocer una nueva estrategia jurídica y legislativa con el objetivo de obligar a las autoridades a destinar recursos suficientes para evitar afectaciones al progreso educativo. Durante el anuncio, celebraron una “victoria legal histórica”, pero al mismo tiempo hicieron un llamado urgente a que los gobiernos actúen de manera inmediata.
Recordaron que su lucha por la accesibilidad a la educación superior inició en 2016, a través de litigios estratégicos para abrir las puertas universitarias a miles de jóvenes. Hasta la fecha, han promovido más de 300 amparos, esfuerzo encabezado por el camarada Luis Suárez, principal responsable de esta línea de activismo.
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Explicaron que la Reforma Constitucional de 2019 impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconoció la gratuidad de la educación superior como un derecho humano, abrió una brecha importante para avanzar en esta causa.
Como parte de su labor, destacaron la “Beca Colectivo Praxis Combativa”, con la cual brindan asesoría legal a estudiantes de bajos recursos y sectores vulnerados. A cambio, piden un compromiso irrenunciable: que las y los beneficiarios utilicen su formación para contribuir a la sociedad que financia la educación pública a través de sus impuestos.
Señalaron que, a lo largo de estos años, han enfrentado derrotas y victorias en los tribunales, lo que permitió ir generando criterios más homogéneos que hoy consolidan su trabajo. Entre estos avances destaca un precedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): la reciente resolución del Pleno en el Amparo en Revisión 305/2025, en el que integrantes del colectivo fungieron como abogados de la promovente.
A partir de esta resolución, anunciaron que su lucha evolucionará en dos vías principales:
- Presión jurídica presupuestaria: promoverán nuevos juicios de amparo enfocados en exigir que se destinen los recursos necesarios para cumplir con el mandato constitucional de gratuidad.
- Iniciativa legislativa: impulsarán una reforma que garantice un porcentaje mínimo del presupuesto total para educación, alineado con los estándares de la ONU y la UNESCO.
Finalmente, advirtieron que el déficit presupuestario no solo compromete el sostenimiento de la UASLP y otras instituciones de educación superior, sino que, de no atenderse, afectará el desarrollo educativo del estado y del país. Subrayaron que su activismo busca asegurar el ejercicio pleno de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades para construir una sociedad más justa.
Lucía Lópz/Redacción.
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