Autoridades municipales de la capital interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diversas anomalías detectadas con presunto hecho delictivo relacionadas con la obra de Fray Diego de la Magdalena, con esta querella se pretende que se castigue a quien resulte responsable por una obra pagada pero que no se llevó a cabo.
En ese sentido, la Síndico, Alicia Nayeli Vázquez Martínez señaló que el 30 de junio del 2017 el ayuntamiento recibió recursos por conceptos federales la cantidad de 130 millones de pesos, correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Financiero para el Ejercicio Presupuestal 2017, el recurso recibido tenía como objetivo la ejecución de la obra que se llamó rehabilitación de la calzada Fray Diego de la Magdalena de la ciudad de San Luis Potosí.
Sin embargo, en fechas subsecuentes se declararon desiertos los procesos de licitación por lo que se adjudica de manera directa esta obra a diversas empresas, quienes recibieron un anticipo por la cantidad de 112 millones 918 mil 390 pesos, correspondiente al 50 por ciento, a su vez estas empresas subcontratan a otras y se dispersa el dinero, lo cual es una situación irregular porque esto no lo permite la ley.
Por su parte, el Contralor Interno, José Mejía detalló que esta obra ya fue revisada por la Contraloría del Estado, la Secretaría de la Función Pública, así como por la Auditoría Superior de la Federación, por presentar diversas irregularidades entre las que sobresalen la descalificación en las licitaciones desiertas de empresas que ofrecían mejores condiciones para este proyecto; también llama la atención que las empresas sub-contratadas son de Puebla.
En tanto, el Secretario General del ayuntamiento, Sebastián Pérez García, refirió que esta es la tercera denuncia que se presenta en contra de la administración gallardista por diversas irregularidades, y dijo que con esta denuncia la actual administración le está dando jaque mate a la impunidad y a la corrupción porque es a la ciudadanía y autoridades a quienes se les ha privado de recursos que puedan existir.
Apuntó, que es una batalla legal para que ya no existan actos de corrupción para que no haya más impunidad y se sancione a quien haya incurrido en irregularidades, además dejó en claro que no se trata de un tema político sino de que se cumpla la ley en el municipio.
Por Ángel Rodríguez
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