Por medio de elementos de la Policía de Investigación en la huasteca norte (PDI), cumplimentó un orden de aprehensión en contra de quien fuera el auxiliar de la Coordinación de Desarrollo Social del municipio de Tanlajás durante la administración 2006-2009, por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de las funciones públicas y coalición en agravió del ayuntamiento y el interés público.
Según la denuncia realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el municipio afectado durante el ese trienio, le entregó al Congreso del Estado su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2009, iniciándose la revisión correspondiente en la cual fueron detectadas algunas irregularidades por conceptos de erogaciones sin comprobantes, pagos no justificados, comprobantes sin requisitos fiscales, recursos no ingresados a la caja administradora de la tesorería, pagos improcedentes, entre otros.
Siendo el ahora señalado identificado como Jesús Fernando “N” de 46 años quien, como servidor público, presumiblemente tuvo conocimiento de las conductas en que incurrieron y son materia de responsabilidad penal, ya que no las hizo del conocimiento de sus superiores; por lo tanto, las irregularidades encontradas arrojan que el daño causado a la hacienda pública corresponde a diversos recursos, los cuales ascienden a la cantidad de más de 6 millones de pesos.
Al tener los datos de prueba correspondientes, la Fiscalía a través del Agente del Ministerio Público en la materia, solicitó al Juez girara la orden de aprehensión en contra del probable, por lo que agentes de la PDI iniciaron con el operativo para dar con el presunto, obteniendo resultados favorables al tenerlo a la vista en las inmediaciones de la gasolinera ubicada en el Libramiento Sur del fraccionamiento Lomas del Yuejat del municipio de Ciudad Valles.
Previa identificación los agentes, le hicieron saber el mandamiento judicial en su contra, además de los derechos con los que cuenta al ser detenido, procediendo a realizar la certificación médica para quedar a disposición del Juez que lo requiere, interno en el centro estatal de reinserción social del municipio antes mencionado en espera de resolver su situación jurídica.
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