La reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa amenaza derechos humanos y la presunción de inocencia en México.
En 2018, el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa (PPO) incluía solo ocho ilícitos. Hoy, tras las recientes reformas, este listado ha crecido a 30. Aunque la medida busca combatir la impunidad, su implementación plantea graves riesgos para la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido internacionalmente.
El costo humano de la PPO
La prisión preventiva oficiosa permite encarcelar a personas sin un juicio previo, únicamente con una acusación del Ministerio Público o de la policía. Según el Inegi, más del 50% de las cárceles en México ya están sobrepobladas, un problema que se agravará con esta reforma.
Un dato alarmante: más del 50% de los acusados que han estado en prisión preventiva han sido declarados inocentes tras su proceso. Sin embargo, su paso por la cárcel arruina sus vidas y las de sus familias.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a México abstenerse de implementar esta medida y reformar la Constitución. Argumentó que la PPO viola tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales México es signatario.
Alternativas a la prisión preventiva
Existen al menos 13 medidas cautelares efectivas que no implican encarcelamiento y respetan los derechos fundamentales, como el uso de brazaletes electrónicos o la firma periódica ante una autoridad.
Sin embargo, la nueva reforma privilegia el encarcelamiento inmediato, otorgando más poder al Ministerio Público que al juez, en detrimento de un debido proceso.
¿Quién paga el precio?
Aunque se justifica la PPO como una forma de evitar que personas con alto poder adquisitivo eludan la justicia, la mayoría de quienes enfrentan prisión preventiva son ciudadanos de escasos recursos, sin medios para huir.
La reforma ignora los problemas estructurales del sistema penal mexicano, como el 98% de impunidad, y prioriza la apariencia de justicia sobre su aplicación real.
La prisión preventiva como herramienta política
Más allá de la seguridad, la PPO podría convertirse en un instrumento de persecución y venganza política. Un simple señalamiento podría llevar a la cárcel a inocentes, mientras la impunidad para las bandas delictivas persiste.
Conclusión: ¿Justicia o retroceso?
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa en México representa un grave retroceso para los derechos humanos y la justicia. En lugar de combatir la impunidad, pone en riesgo a miles de personas inocentes, alimentando un sistema que favorece el encarcelamiento arbitrario.
México necesita una reforma penal que priorice la justicia, el respeto a los derechos humanos y la implementación de medidas cautelares efectivas. Solo así se garantizará una seguridad pública basada en la certeza jurídica y no en el abuso de poder.
Con información La Verdad Noticias
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