San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal).– El Congreso del Estado aprobó el denominado “Plan B” como parte del Constituyente Nacional, con cuatro votos en contra de PAN y PRI y 23 votos a favor de PVEM, Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Por mayoría, el Pleno avaló el dictamen con la minuta con proyecto de decreto de Reforma constitucional enviada por la Cámara de Diputados, que en esencia contiene el llamado “Plan B” electoral presentado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de reducción de privilegios y fortalecimiento de la revocación de mandato.
En tribuna, a favor, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado José Roberto García Castillo, pidió no irse “por los lados” y abordar la parte central del “Plan B”, que implica un ahorro de 4 mil millones de pesos, así como ordenar el funcionamiento del poder público, eliminar excesos y privilegios y establecer reglas más responsables en el uso de los recursos públicos.
Agregó que durante años se generaron distorsiones en la integración de los gobiernos municipales, en el gasto de los congresos locales y en las percepciones dentro del servicio público, lo que derivó en estructuras costosas, poco eficientes y alejadas de la ciudadanía.
El legislador sostuvo que la Reforma es congruente con la política impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que un gobierno con finanzas sanas requiere disciplina, orden y responsabilidad en el uso de los recursos. “No se trata de una reforma ideológica, se trata de una reforma necesaria; el Estado debe funcionar con eficacia y con equilibrio, y eso implica ajustar aquello que durante años creció sin control; ya se acabó que si arriba llueve abajo gotea, eso ya se terminó”, apuntó.
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Por su parte, el Diputado Marco Antonio Gama Basarte anunció su voto a favor en lo general, aunque expresó objeciones particulares al señalar que México necesita una reforma electoral que ponga al ciudadano en el centro, con un sistema más transparente, justo, moderno y eficiente. Indicó que Movimiento Ciudadano impulsará una ruta alterna con temas como la reducción de la edad para votar y la consolidación del voto como derecho y responsabilidad cívica.
En contra, el líder de la bancada del PAN, Diputado Rubén Guajardo Barrera, criticó que el “Plan B” no aborda los mecanismos para elegir a los representantes populares en 2027, ni contempla aspectos como el financiamiento con recursos ilícitos, actos anticipados de campaña o la sobrerrepresentación, además de señalar que no se afectaron los presupuestos del Senado y la Cámara de Diputados.
También en contra, la Diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que en otras reformas electorales hubo participación de todos los partidos y expertos, mientras que la actual propuesta “es desde el poder y para el poder”, con la finalidad de apuntalar al régimen y ratificar el mandato.
La reforma contempla modificaciones a la Constitución Federal para reducir privilegios, limitar el presupuesto de legislaturas, garantizar la paridad de género y establecer límites en las remuneraciones de funcionarios electorales.
En la modificación al artículo 115 de la Constitución Federal se establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo principios de paridad de género vertical y horizontal, así como igualdad sustantiva en el acceso al poder público.
Con 20 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí se convirtió en el cuarto Congreso local en aprobar la minuta de reforma constitucional en materia de reducción de privilegios enviada por la Cámara de Diputados.
Asimismo, se establece que los ahorros generados por la reducción en el número de síndicos y regidores se integrarán a la hacienda pública municipal.
También se adiciona un párrafo al artículo 134 constitucional para que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados y demás funcionarios de organismos electorales no excedan el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Lucía López/Redacción.
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