San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal).- El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que se integrará un expediente en contra del Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, y de su titular administrativa, para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determine las sanciones correspondientes, las cuales podrían incluir multas económicas e incluso inhabilitación.
El auditor explicó que esta medida se toma luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que la UASLP deberá permitir la fiscalización externa de sus recursos autogenerados, sin embargo, la institución mantiene su postura de negarse a ser auditada.
“Todo principalmente económico, una posible inhabilitación dados los montos. Vamos a sancionar y mandar el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quien determinará las sanciones. Nosotros lo calificamos como grave, dado el monto que se está observando y la insistencia de no querer rendir cuentas”, apuntó Locourtois López.
El auditor agregó que entre las personas involucradas también estaría la abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien habría sido la principal impulsora de la resistencia para evitar que el IFSE revise aproximadamente 670 millones de pesos de ingresos propios.
Locourtois López recordó que la ruta jurídica que la UASLP ha seguido para evitar la auditoría comenzó en 2023, cuando argumentó su autonomía de gestión y la existencia de un Órgano Interno de Control propio. Posteriormente, la institución interpuso tres amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional, la cual fue desechada por la Corte, que finalmente ratificó la sentencia a favor de la fiscalización.
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El funcionario subrayó que la ministra instructora de la SCJN determinó que la UASLP es un ente público descentralizado, dependiente del Gobierno del Estado, y que por tanto sus autoridades no son dueñas de los recursos públicos que administra, los cuales superan los 600 millones de pesos.
Finalmente, Locourtois lamentó que las actuales autoridades universitarias persistan en negarse a ser auditadas, advirtiendo que el IFSE individualizará las sanciones contra los funcionarios responsables.
“Aunque tengan el agua hasta el cuello, ahora tendrán que defenderse en tribunales con sus propios recursos y no con los de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, concluyó el auditor estatal.
Lucía López/Redacción.
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