San Luis Potosí, S.L.P., – La historia no empezó en tribuna. Empezó con una línea en la nómina municipal: Enrique Daud Uresti, dirigente estatal del PAN, 28 mil pesos por honorarios.
El dato lo puso sobre la mesa el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. No lo presentó como un error administrativo. Lo presentó como un síntoma. Dijo que no era solo un sueldo, que era desvío, que era financiamiento indirecto con dinero público a un partido, que era guerra sucia pagada desde el Ayuntamiento de Enrique Galindo para golpear adversarios, violando el 134 constitucional y el principio de neutralidad.
Anunció ruta completa: auditoría especial, oficios al CEEPAC, al INE, a la Fiscalía Electoral y, si se acredita, juicio político. Pidió lo básico: contrato, quien firmó, qué servicios se prestaron, dónde están los entregables.
Del otro lado, en Palacio Municipal, Galindo no se escondió. Tomó el micrófono y defendió la contratación. Que sí hay contrato, que sí hay funciones, que lo puede demostrar. Que revisen toda la nómina si quieren, dijo, que no tiene problema. Pero devolvió el golpe donde más duele: la calidad moral para acusar.
Sacó un registro de transparencia de la Secretaría General de Gobierno, de agosto de 2026, donde Gámez aparece como director general con 32 mil pesos. Y preguntó en voz alta: ¿sigue cobrando en Gobierno mientras preside el Congreso? ¿Renunció o no? Si va a pedir cuentas, que empiece por las suyas.
El tono subió. Galindo acusó al Congreso de usar la fiscalización como garrote político. Gámez acusó al Ayuntamiento de usar el erario como caja de campaña. Uno habló de corrupción política, el otro de desvío electoral.
“Yo le pido que mejor deje la directiva, para que nos golpeemos a gusto”, soltó Galindo, como si quisiera sacar el pleito del recinto oficial y llevarlo al terreno personal.
Entre tanto cruce, queda lo frío: ningún órgano ha acreditado nada. Ni el desvío, ni la simulación de servicios, ni el financiamiento partidista, ni el doble cobro. Todo está en dichos, en capturas de pantalla de transparencia y en anuncios de denuncias.
La crónica, por ahora, no tiene cierre judicial, solo político: dos poderes midiéndose, una nómina de 28 mil que vale mucho más que su cifra, y un proceso electoral que ya se asoma y que convierte cada contrato en munición.
Lucía López/MAVDL/Redacción.
